La comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024 celebra este lunes una sesión crucial con la comparecencia de dos testigos clave. A las 11:00 horas, está previsto que declare Avelino Mascarell, diputado de Bomberos de la Diputación de Valencia, seguido a las 15:30 por Josep Lanuza, consultor del PP valenciano y testigo en el caso que instruye la jueza de Catarroja.
La atención se centra especialmente en Lanuza, debido a la relevancia de su declaración judicial del pasado 23 de febrero. Según su testimonio, Carlos Mazón llegó al Palau de la Generalitat alrededor de las 19:30 y mantuvo una conversación de entre 20 y 25 minutos antes de dirigirse al Cecopi. Esta versión contradice la de los escoltas y el conductor del entonces presidente valenciano, quienes afirmaron que su estancia fue mucho más breve.
La comparecencia de Lanuza se produce en un contexto judicial delicado, ya que la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una exposición razonada para que se considere la posible investigación de Mazón por indicios de negligencia durante la emergencia. No obstante, la Fiscalía ha solicitado que no se impute a Mazón en este momento, argumentando que no hay elementos suficientemente sólidos, aunque deja abierta la posibilidad de que la instrucción pueda aportar información adicional más adelante.
Por la mañana, la comisión escuchará a Mascarell, cuyo testimonio es crucial por su responsabilidad en el Consorcio Provincial de Bomberos. Su papel se relaciona con una de las decisiones más controvertidas del día, la retirada de los efectivos que vigilaban el barranco del Poyo antes de que se desbordara. En su declaración ante la jueza, Mascarell fue cuestionado por la falta de precisión en sus recuerdos y se resaltó la incredulidad ante su incapacidad de recordar detalles esenciales tratados en el Cecopi.
Durante esa comparecencia, Mascarell indicó que en el centro de coordinación no estaban pendientes de la presencia de Mazón, y enfatizó que la dirección formal de la emergencia recaía en la entonces consellera Salomé Pradas. También se revisaron las deliberaciones previas al envío del mensaje Es-Alert, que se activó a las 20:11, ya que la investigación judicial ha señalado el posible retraso de esta alerta como un factor clave en la tragedia.
