En el debate político español, la disparidad moral en torno a los acuerdos de gobierno es cada vez más evidente. Mientras se acepta sin mayores críticas que Pedro Sánchez establezca coaliciones con formaciones como Bildu, ERC o Junts, resulta una anomalía reprochable que el PP negocie con Vox. Esta contradicción plantea una pregunta fundamental: ¿dónde radica la verdadera diferencia moral entre unos pactos y otros?
Los defensores de Sánchez sostienen que en un sistema democrático es legítimo y habitual que partidos con posturas divergentes establezcan acuerdos para garantizar la gobernabilidad, con independencia de los contenidos concretos de los mismos. Sin embargo, esta argumentación se tambalea cuando se recuerda que el propio presidente afirmó en el Congreso que jamás permitiría que la estabilidad del país dependiera de formaciones independentistas o de aquellos a quienes tachaba de no ser socios fiables. Declaraciones como «no es no y nunca es nunca» en referencia a Bildu, o su temor a gobernar con Podemos, contrastan con la realidad de los pactos que ha cerrado, que incluyen concesiones sensibles como reformas legales, indultos o cesiones de competencias que benefician a sus socios más controvertidos.
En este contexto, el impedimento moral que se le atribuye al PP para pactar con Vox resulta cuestionable. Vox es un partido dentro del marco constitucional, aunque su ideario genere rechazo en ciertos sectores, al igual que Bildu, cuyo líder, Arnaldo Otegi, no oculta su objetivo de fragmentar España. Esta paradoja se vuelve aún más evidente cuando se consideran que algunos actores políticos permiten cualquier alianza a su favor, mientras censuran con dureza los pactos de la derecha con Vox.
El análisis de los contenidos de estos acuerdos revela que, aunque puedan parecer excesivos o poco viables, no difieren en gravedad de los pactos que Sánchez ha sellado con socios tan dispares como Junts o la derecha católica vasca, incluyendo a Bildu y su brazo político Sortu, vinculado al ideario de ETA. Esta situación confirma que la moralidad política suele estar subordinada a intereses estratégicos y que el cinismo domina en quienes aplican criterios distintos según convenga.
En definitiva, la incoherencia en la valoración de los pactos políticos refleja una desconexión ética preocupante. Quienes aplauden sin reservas los acuerdos del PSOE con formaciones controvertidas, tildan de monstruosidad los pactos del PP con Vox. Esta doble vara de medir demuestra un ejercicio de poder que se siente intocable, con un sentido excluyente del juego democrático que vulnera los principios de igualdad y pluralidad que deberían regir en una sociedad democrática.
Este cinismo político, ya denunciado desde la antigüedad, supone una amenaza para la cohesión social y el respeto a las reglas comunes. El mensaje implícito es que ciertos actores pueden hacer lo que deseen sin rendir cuentas, mientras otros quedan excluidos de ese derecho. En la política española actual, este doble estándar es la principal fuente de desconfianza y polarización.
