El pacto firmado entre Partido Popular y Vox para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura ha puesto sobre la mesa una polémica medida: la prioridad nacional para el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Este acuerdo, alcanzado meses después de las elecciones autonómicas, establece que los recursos públicos deben asignarse preferentemente a quienes tienen un arraigo real y verificable en el territorio.
Sin embargo, horas después de sellar este compromiso, el Partido Popular rechazó en el Congreso una propuesta de Vox que buscaba aplicar la prioridad nacional en toda la política de inmigración. Aun así, ambas formaciones replicaron la fórmula en la investidura de Jorge Azcón en Aragón, volviendo a introducir los criterios de nacionalidad y arraigo para la distribución de ayudas. Esta contradicción plantea dudas: ¿se valorará la nacionalidad o la integración y permanencia en la comunidad autónoma para acceder a los recursos sociales?
Lejos de ser un desacuerdo real, parece que PP y Vox han optado por una solución pragmática que les permita compartir el poder en estas regiones. Mientras uno defiende el criterio de nacionalidad como prioridad, el otro apuesta por el arraigo territorial, y ambos firman el acuerdo como si estos enfoques fueran compatibles. Así, se reparten las consejerías y se evita un conflicto abierto, aunque el texto resultante sea un híbrido difícil de aplicar.
El principal perjudicado en este acuerdo es, probablemente, el partido mayoritario, que recupera gobiernos que no logró consolidar en solitario pero cediendo terreno ideológico a una formación que aspira a sustituirlo. Además, al incorporar un marco conceptual basado en la prioridad nacional y el arraigo, se aleja de una mayoría social que busca políticas más inclusivas y basadas en la integración.
Este pacto pone en evidencia que, para PP y Vox, la verdadera prioridad es alcanzar y mantener el poder, aunque ello suponga aceptar contradicciones y sacrificar principios. La cuestión social y la política migratoria quedan en un segundo plano frente a la conveniencia política, dejando una incógnita sobre cómo se aplicarán realmente estas medidas y qué impacto tendrán en las comunidades autónomas afectadas.
