La reciente opinión de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tamara Ćapeta, ha generado un cambio significativo en el debate sobre la restricción de proveedores de alto riesgo en las redes de telecomunicaciones europeas. En su dictamen sobre el caso C-354/24, Ćapeta enfatiza que las decisiones de los gobiernos para vetar a estos proveedores deben fundamentarse en pruebas concretas, desestimando preocupaciones generales sobre la seguridad nacional, como el país de origen del proveedor.
Este pronunciamiento se enmarca en el contexto de la solicitud de Elisa Eesti AS, parte del grupo finlandés Elisa Corporation, que en 2022 pidió autorización a las autoridades estonias para utilizar equipos y programas de Huawei en sus redes 2G, 4G y 5G. Las autoridades estonias catalogaron estos equipos como «de alto riesgo», alegando que representaban una amenaza para la seguridad nacional. Esta decisión fue impugnada, lo que llevó al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tallin a solicitar una aclaración al Tribunal de Justicia de la UE.
En sus conclusiones, Ćapeta sostiene que, aunque los Estados miembros tienen la facultad de excluir equipos por motivos de seguridad nacional, dichas decisiones deben estar sujetas a un control judicial y cumplir con los principios de proporcionalidad. La evaluación de los riesgos asociados a proveedores no europeos debe ser específica y no basarse en sospechas generales.
Este argumento pone en entredicho la propuesta del Reglamento de Ciberseguridad de la UE (CSA2), que menciona la necesidad de «reducir el riesgo de las cadenas de suministro de TIC críticas que incluyen a entidades de países terceros que plantean preocupaciones de ciberseguridad». Según analistas, la propuesta podría introducir vetos a proveedores por razones políticas, lo que podría provocar un conflicto de competencias dentro de la UE, así como riesgos de litigios y tensiones comerciales internacionales.
Además, Ćapeta ha advertido que, aunque los gobiernos pueden adoptar medidas de autorización previa para bloquear equipos de alto riesgo, estas restricciones podrían perjudicar el mercado interior, limitando el acceso a servicios de telecomunicaciones y haciendo que sean menos atractivos. «Las preocupaciones de seguridad deben ser genuinas y basadas en un riesgo específico», afirmó.
El medio especializado en derecho, Courthouse News Service, recoge la opinión de Andre Savin, profesor de Derecho en la Copenhagen Business School, quien indicó que el dictamen establece límites a la invocación de la seguridad nacional por parte de los gobiernos, quienes no pueden eludir el escrutinio de la UE al calificar algo como seguridad nacional sin cumplir con los requisitos de proporcionalidad de la legislación europea.
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario ha propuesto un plazo de tres años para que los países eliminen a proveedores de telecomunicaciones de alto riesgo, como Huawei y ZTE. Se destaca que España es uno de los países más rezagados en este ámbito.
El economista y experto en telecomunicaciones Scott Marcus ha señalado que el dictamen es crucial, ya que confirma que las autoridades deben evaluar si un equipo específico representa un riesgo real para la seguridad de la red, advirtiendo que el coste de las estrategias de sustitución total podría ser considerablemente más alto de lo previsto por la mayoría de los expertos. Se espera que en los próximos meses se emita una sentencia definitiva que decidirá si las restricciones impuestas sobre el uso de equipos de Huawei por parte de Elisa son compatibles con la legislación de la UE.
