La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a diversas instituciones y organizaciones al anular por completo la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid, que establecía la tasa por la gestión de residuos. La sentencia se basa en la conclusión de que durante el proceso de aprobación de la ordenanza se omitió un elemento clave del informe técnico-económico que debía acompañar la normativa.
El tribunal ha señalado que no se publicaron los anexos relacionados con el estudio de generación de residuos por actividades económicas, lo que resulta fundamental para entender y supervisar la cuantificación de la tasa. Aunque la ordenanza fue aprobada en el marco de la Ley 7/2022, que impone a los entes locales la obligación de establecer sistemas de financiación basados en el principio de «quien contamina paga», esto no exime del cumplimiento de las normas procedimentales pertinentes.
La sentencia resalta la importancia del informe técnico-económico, que debe justificar tanto el coste del servicio como los criterios para determinar la cuota. Según el tribunal, este informe no puede limitarse a presentar datos y cifras, sino que debe ofrecer una explicación detallada de la metodología utilizada, permitiendo así verificar que la tasa cumple con los principios de legalidad, proporcionalidad y equivalencia.
Al examinar el informe presentado, la Sala concluyó que, aunque se incluían ciertos resultados, no se podía conocer el proceso que llevó a esos resultados, especialmente en lo que respecta a la asignación de residuos a actividades económicas y a la creación de las zonas homogéneas. La falta de información en los anexos excluidos impidió establecer la conexión entre la actividad económica y la carga tributaria, lo cual afecta la transparencia y el control ciudadano sobre el sistema.
Además, el tribunal subraya que el trámite de información pública es un derecho fundamental de participación ciudadana. Este proceso no debe ser considerado un mero formalismo, sino una herramienta que permite a los ciudadanos revisar el expediente completo y presentar alegaciones fundamentadas. La falta de acceso a toda la documentación relevante, incluyendo los anexos, privó a los ciudadanos de la oportunidad de cuestionar la corrección de los criterios utilizados.
Por último, el tribunal recuerda que no es suficiente que la Administración argumente la posibilidad de acceder a la documentación mediante solicitudes individuales, ya que la ley exige la publicación completa del expediente durante el periodo de información pública. La sentencia también rechaza la idea de sustituir la explicación metodológica por la simple presentación de resultados, señalando que esto impide comprobar la validez del cálculo de la tasa. Esta resolución es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
