El Gobierno tiene planes de aprobar el próximo martes la regularización de migrantes que ya se encuentran en España, un anuncio realizado hace semanas. Sin embargo, para que esta iniciativa sea efectiva en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo está «trabajando» para superar los obstáculos señalados por el Consejo de Estado.
Un miembro del Gobierno ha declarado que «no hay nada insalvable» en las preocupaciones planteadas. Desde La Moncloa se indica que aún no han recibido el informe del órgano consultivo dirigido por Carmen Calvo, aunque conocen las objeciones y recomendaciones técnicas necesarias para llevar a cabo la regularización.
El Gobierno se encuentra haciendo ajustes en el texto para abordar aspectos que requieren revisión y reformulación, tales como el orden del articulado y la falta de un cálculo de impacto presupuestario. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de coordinar el real decreto, destacan que el Consejo de Estado apoya que la regularización se realice a través de la vía reglamentaria, dado que se enmarca dentro de nuestro sistema legal.
Asimismo, se procederá a aclarar la definición de vulnerabilidad, tal como indica el Consejo de Estado, estableciendo que se considerará vulnerable a cualquier persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que lleve cinco meses en situación irregular al momento de presentar la solicitud.
Por otro lado, se señala que es incompatible ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional (PI) y uno derivado de la regularización. De esta manera, el permiso de PI permanecerá vigente hasta que se resuelva de manera definitiva el permiso de residencia y trabajo, momento en el cual se podrá solicitar la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero).
En lo que respecta a los antecedentes penales, desde el Ministerio de Inclusión se subraya que «en todo momento, carecer de antecedentes penales ha sido uno de los requisitos ineludibles de este proceso», así como un plazo para demostrar esta condición. Además, se exigirá que no representen una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.
En el sector socialista del Ejecutivo se consideran «razonables» las observaciones realizadas por el Consejo de Estado, lo que permite que el decreto se ajuste sin poner en riesgo la intención política y, especialmente, el apoyo de los socios. Esto busca evitar un nuevo Consejo de Ministros convulso como el que se vivió para la aprobación de medidas contra la crisis económica y social provocada por la guerra en Oriente Medio, que resultó en la división de las medidas en dos reales decretos, quedando uno de ellos, el relacionado con la vivienda, aún pendiente de convalidación en el Congreso.
A pesar de que la intención inicial del Gobierno era que la regularización comenzara el 1 de abril, los aspectos técnicos y, en particular, las dudas jurídicas han ocasionado el retraso del real decreto que se propone aprobar con carácter urgente ciertas modificaciones del Reglamento de Extranjería para iniciar el proceso de regularización de miles de migrantes que actualmente se encuentran en territorio nacional de manera irregular.
