Este Primero de Mayo, la manifestación principal del movimiento obrero no se celebró en Madrid, como es habitual, sino en Málaga. Según los líderes sindicales, esta decisión se tomó con meses de antelación, aunque todo indica que el verdadero motivo fue arropar a la candidata socialista en la región y convertir la marcha en un acto inicial de campaña electoral en Andalucía.
Lo que realmente ha generado debate no ha sido el cambio de escenario, sino la participación activa de diez ministros del Gobierno en las manifestaciones, tanto en Málaga como en otras ciudades. Esta presencia oficial resulta difícil de justificar, dado que se reclama en la calle mejoras salariales y acceso a la vivienda, problemas que el propio Ejecutivo no ha logrado resolver durante años y que los sindicatos tampoco han sabido exigir con firmeza.
La función esencial de los sindicatos es la defensa constante de los derechos laborales frente al poder político. Sin embargo, en España llevan tiempo siendo permeables a ese mismo poder, actuando más como instrumentos del Gobierno y los partidos que lo respaldan que como representantes independientes de los trabajadores. Esta situación se mantiene «hasta que la derecha vuelva a gobernar», según reconocen algunos dirigentes sindicales.
Resulta complicado discernir quién muestra menor coherencia: si los ministros que se suman a manifestaciones para demandar cambios en políticas que dependen directamente de ellos, o los sindicatos que aceptan esa presencia sin cuestionarla en su jornada más significativa. La imagen que transmiten es la de una convivencia poco digna.
Por un lado, el Gobierno neutraliza a los líderes sindicales mediante generosas subvenciones y, por otro, los sindicatos parecen domesticados y complacientes, más preocupados por no molestar al poder que por defender con contundencia a los trabajadores afectados por las mismas políticas gubernamentales que respaldan en las calles.
Esta alianza llega al extremo de culpar a la oposición de problemas que ni el Gobierno ha resuelto ni los sindicatos han exigido con contundencia. El resultado es una desconexión profunda entre las acciones del Ejecutivo y los representantes sindicales frente a las verdaderas necesidades de los trabajadores.
Ejemplos de coherencia sindical como Marcelino Camacho y Nicolás Redondo contrastan con el perfil actual de muchos dirigentes, atrapados entre la complacencia con el poder, la burocracia y la pérdida de contacto con la realidad social y económica de los trabajadores.
Esta situación es preocupante porque los sindicatos deberían ser un pilar fundamental en la democracia, actuando como contrapeso del poder y voz organizada de quienes carecen de ella. Sin embargo, con la deriva que han tomado en España, se han vuelto prescindibles no porque su función haya dejado de ser necesaria, sino porque ellos mismos han renunciado a cumplirla.
La imagen que proyectan hoy es la de una alianza incómoda y poco creíble que debilita la función sindical y deja a los trabajadores desprotegidos frente a un Gobierno con el que parecen confundidos.
