El Consejo de Estado ha señalado importantes deficiencias en el control de antecedentes penales relacionado con la regularización de migrantes. Este pronunciamiento llega justo cuando el Gobierno se prepara para aprobar un decreto que permitirá regularizar a cerca de 25.000 migrantes en Euskadi y a un total de medio millón en toda España.
El informe del Consejo, aunque respalda de manera general el texto, incluye matices significativos que podrían afectar la implementación de la norma. Este apoyo permite al Ejecutivo avanzar hacia el Consejo de Ministros, donde se espera que la medida sea aprobada el próximo martes. La iniciativa tiene como objetivo sacar de la economía sumergida a un gran número de personas que actualmente se encuentran en situación irregular.
A pesar del respaldo, el dictamen no vinculante del Consejo de Estado expresa preocupaciones sobre cómo se gestionará el control de antecedentes penales. Según el decreto, se exige que los solicitantes carezcan de antecedentes tanto en España como en sus países de origen. Sin embargo, en casos donde no se pueda obtener un certificado, el Gobierno tiene la intención de aceptar una «declaración responsable» como suficiente. Esta práctica ha sido calificada por el Consejo como inadecuada, sugiriendo que podría facilitar un proceso de regularización menos riguroso.
El Ministerio del Interior ha defendido la necesidad de que se presente un certificado oficial para la concesión de permisos, y su postura ha sido respaldada por el Consejo de Estado. Este requerimiento ha generado largas colas en los consulados de las capitales vascas, ya que la obtención del certificado, que debe ser expedido por las autoridades del país de origen y traducido, puede ser un proceso complicado.
Las recomendaciones del Consejo, aunque no tienen carácter vinculante, obligan al Gobierno a ser cauteloso, ya que se anticipa que cualquier irregularidad podría ser objeto de impugnación en los tribunales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha manifestado su intención de recurrir el decreto, argumentando que podría generar desorden y situaciones de ilegalidad. Desde Vox, se están preparando medidas para solicitar la suspensión inmediata de lo que consideran un «fraude democrático».
Este decreto se presenta en un contexto donde las políticas migratorias en la Unión Europea tienden a ser más restrictivas, con un enfoque en el control fronterizo. Bruselas ha advertido que el permiso de residencia en España no garantiza la libertad de movimiento en otros países de la UE, lo que implica que quienes sean detectados en situación irregular en otros estados miembros podrían ser devueltos a España.
El texto que se discutirá en el Consejo de Ministros no requerirá pasar por el Congreso, dado que se trata de una reforma reglamentaria. Sin embargo, se podrán considerar alegaciones, como la del Gobierno vasco, que propone que el euskera se valore como un mérito, no como un requisito, para acceder a este permiso. La administración vasca ha reconocido que será un proceso complicado, pero su objetivo es facilitar la regularización de aquellos inmigrantes que hayan residido en España antes de finales de diciembre y durante al menos cinco meses de manera continua.
