Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó una advertencia directa sobre Cuba durante un acto celebrado en Florida. Aseguró que la toma de la isla podría producirse en un plazo muy breve, lo que calificó como una acción «casi inmediata». En su intervención en el Forum Club of the Palm Beaches, Trump explicó que un portaaviones estadounidense, el USS Abraham Lincoln, actualmente desplegado en el Golfo Pérsico, podría situarse muy cerca de las costas cubanas tras concluir el conflicto en Irán.
El mandatario afirmó que esta muestra de fuerza sería suficiente para que el Gobierno de La Habana se rindiera, bromeando entre risas y aplausos que las autoridades cubanas dirían «muchas gracias, nos rendimos». Sin embargo, la Casa Blanca no precisó si estas declaraciones respondían a una amenaza real o a un mensaje político con miras a las elecciones de medio mandato. No se anunciaron planes militares formales ni órdenes específicas contra Cuba.
Simultáneamente, la Administración estadounidense firmó una orden ejecutiva que amplía de forma significativa las sanciones contra el régimen cubano. Según el texto oficial, las políticas y acciones del Gobierno de Cuba representan una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad y política exterior de Estados Unidos, fundamentándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
La nueva normativa permite sancionar a personas, entidades y afiliados que apoyen al aparato de seguridad del régimen, participen en actos de corrupción o violaciones graves de derechos humanos. Además, incluye a funcionarios, agentes y apoyos materiales del Gobierno cubano, bloqueando sus propiedades e intereses financieros bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo transacciones con ellos por parte de ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Una novedad clave de esta orden es la aplicación de sanciones secundarias, que castigan a terceros extranjeros —empresas, instituciones financieras o individuos— que mantengan relaciones significativas con entidades cubanas sancionadas. Esto supone un cambio importante para compañías no estadounidenses que operan en la isla, dificultando su capacidad para separar sus negocios en Cuba de sus actividades en Estados Unidos.
El decreto afecta sectores estratégicos como energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad, entre otros. Se trata de una herramienta flexible para castigar no solo a líderes cubanos, sino también a empresas extranjeras, bancos y gobiernos que colaboren con el régimen.
Un ejemplo destacado durante el primer mandato de Trump fue la presión sobre la empresa española Melia, que sufrió consecuencias legales y restricciones de entrada a Estados Unidos para sus directivos debido a sus operaciones en Cuba. Esta medida sirvió de advertencia para el sector turístico europeo sobre los riesgos de vincularse con activos controlados por el régimen castrista.
Para el Gobierno cubano, la amenaza de una invasión se suma al endurecimiento económico, que podría aislar aún más al país en medio de una crisis profunda marcada por apagones, falta de divisas y deterioro del turismo. La aplicación estricta de sanciones secundarias puede provocar que bancos extranjeros, proveedores y empresas reconsideren su presencia en la isla, aumentando la presión sobre un sistema ya debilitado.
