Irán mantiene un ritmo alarmante en la ejecución de presos políticos, con más de cuatro condenas a muerte diarias destinadas a silenciar cualquier forma de protesta o intento de insurrección.
Durante el último año, al menos 1.639 personas recibieron la pena capital, una cifra que refleja un aumento del 68% respecto al periodo anterior, según fuentes oficiales. Esta escalada sin precedentes responde a la estrategia del régimen para sofocar la creciente oposición ciudadana y frenar la movilización social en un contexto de creciente tensión interna.
El régimen teocrático ha endurecido sus medidas y ha comenzado a clasificar como «terroristas» a quienes participen en manifestaciones o expresen desacuerdo con el sistema dirigido por los ayatolás. Esta categorización facilita el recurso a la pena de muerte como herramienta de represión política.
El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha ordenado al Consejo Supremo abandonar los protocolos judiciales habituales para adoptar una postura de combate que calificó como propia de «tiempos de guerra», reforzando así la respuesta represiva del Estado.
Este giro radical en la política interna refleja la determinación del régimen por mantener el control a toda costa, utilizando la sentencia capital como un mecanismo para amedrentar y paralizar cualquier desafío a su autoridad. La comunidad internacional observa con creciente preocupación esta deriva autoritaria que pone en riesgo los derechos humanos fundamentales en el país.
