El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la causa que afecta a Begoña Gómez y a su asistenta Cristina Álvarez, ha reiterado su solicitud de entrega de los pasaportes de ambas en el marco de la investigación judicial en curso. Este requerimiento, que no es la primera vez que se formula, busca esclarecer si las investigadas realizaron desplazamientos fuera del ámbito europeo relacionados con la cátedra universitaria que dirigía Gómez.
En los documentos de la causa, el magistrado pretende determinar fechas, duración y circunstancias de posibles viajes internacionales para establecer si se llevaron a cabo gestiones vinculadas a esta actividad académica. En concreto, se investiga si la asistenta, que es personal adscrito a la Presidencia del Gobierno, participó en tareas ajenas a sus funciones públicas.
Investigación sobre el uso de recursos públicos
La investigación se centra en verificar la posible utilización de medios públicos para actividades privadas. En este sentido, el pasaporte se considera una herramienta clave para cotejar los desplazamientos realizados y su coincidencia temporal con iniciativas relacionadas con la cátedra. El requerimiento judicial no implica la incautación del documento, sino su presentación para comprobación.
Sin embargo, han transcurrido más de dos meses desde que se solicitó formalmente esta información sin que, hasta el momento, se haya producido la entrega de los pasaportes por parte de las investigadas. Ante esta situación, el juez ha solicitado a la Policía judicial que recabe toda la información necesaria sobre los procedimientos disponibles para ejecutar el requerimiento.
Posibles consecuencias legales por desobediencia
Fuentes jurídicas indican que el incumplimiento reiterado de un mandato judicial puede acarrear consecuencias procesales adicionales. La legislación contempla la posibilidad de apreciar una infracción, e incluso un delito de desobediencia, si persiste la negativa injustificada a cumplir una orden emitida por un juez en el ejercicio de sus funciones. Desde el entorno de la investigación se subraya que cualquier persona sometida a un procedimiento judicial tiene derecho a discrepar de las decisiones del instructor, pero siempre a través de los cauces legales establecidos, como la presentación de recursos, y no mediante la omisión de los requerimientos.
Por el momento, la investigación continúa abierta y a la espera de que se esclarezcan los desplazamientos objeto de análisis. El juez busca delimitar con precisión los hechos para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen avanzar en la causa o adoptar nuevas medidas.
