En el contexto del conflicto entre Israel y Estados Unidos (EE. UU.) contra Irán, se han reportado ataques a infraestructuras de suministro de agua por ambas partes. Irán ha denunciado el bombardeo de una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, mientras que este mismo país parece haber atacado la planta desalinizadora de Bahrein, una pequeña nación del Golfo Pérsico.
El agua es un recurso esencial en los países del Golfo. En naciones como Kuwait, Omán, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, las plantas desalinizadoras representan la mayor parte del suministro de agua potable, con cifras que varían entre el 42% y el 93%. En contraste, las desalinizadoras de Irán solo contribuyen con un 3% debido a la dependencia de aguas subterráneas, las cuales se encuentran en estado crítico tras años de sequía.
La utilización del agua como arma en conflictos no es un concepto novedoso. A lo largo de la historia, se han documentado numerosos casos de destrucción de infraestructuras de captación y distribución de agua. Recientes ejemplos incluyen los conflictos en Gaza, Siria y Ucrania, donde se han acusado mutuamente a las partes de causar daños intencionados a presas y sistemas de distribución.
El uso del agua como recurso estratégico en conflictos armados tiene profundas implicaciones. Las intervenciones que afectan el suministro de agua pueden generar daños extensivos a la población, tanto a corto como a largo plazo. Las consecuencias de tales ataques no solo afectan la disponibilidad de agua potable, sino que también pueden propiciar la propagación de enfermedades en sectores vulnerables de la población, especialmente entre los niños.
Además, los ataques a infraestructuras de saneamiento, como plantas de tratamiento de aguas residuales, pueden contaminar el agua potable y crear condiciones propicias para brotes de enfermedades. Los efectos de estas acciones son especialmente devastadores en regiones donde el agua es escasa, exacerbando problemas en la producción alimentaria y en los ecosistemas locales.
Por lo tanto, es fundamental que se protejan los recursos hídricos y las infraestructuras asociadas, así como los ecosistemas involucrados. La aplicación de las normas del derecho internacional humanitario y del derecho ambiental es crucial para mitigar los efectos del uso del agua como arma en conflictos. En 2019, se presentó la Lista de Principios de Ginebra sobre la Protección de las Infraestructuras Hídricas, que busca servir de guía para las partes en conflictos armados.
La comunidad internacional debe respaldar estas iniciativas para garantizar que el agua no se utilice como un arma, ya que, de lo contrario, todos perderemos en las guerras que se libran por su control.
