Una controversia interna en el Pentágono ha reavivado el debate sobre la posibilidad de expulsar a un país miembro de la OTAN. Un correo electrónico divulgado recientemente sugiere que Estados Unidos analiza sanciones, incluida la suspensión de España, debido a su falta de apoyo en operaciones vinculadas con la guerra en Irán.
No obstante, el marco legal que rige a la Alianza Atlántica no prevé ni expulsiones ni suspensiones. El Tratado del Atlántico Norte, documento fundacional de la organización, solo contempla la retirada voluntaria de sus miembros, estableciendo que cualquier Estado puede abandonar la alianza tras cumplir veinte años desde su adhesión y comunicándolo formalmente al Gobierno estadounidense, tras lo cual debe esperar un año para que la salida sea efectiva.
España se incorporó a la OTAN en 1982 durante la presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo. La decisión contó con el respaldo de grupos parlamentarios como UCD, nacionalistas vascos y catalanes, además de Alianza Popular, mientras que la izquierda se posicionó en contra. Cuatro años más tarde, la ciudadanía ratificó la permanencia en la alianza mediante un referéndum donde poco más del 52% aprobó continuar, aunque bajo condiciones específicas, como no integrarse en la estructura militar y mantener la prohibición de armas nucleares en territorio español.
Las recientes especulaciones sobre una posible exclusión de España no son nuevas. En octubre, la idea fue planteada por el presidente estadounidense tras la negativa del Ejecutivo español a elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB. En esa ocasión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró que España es un miembro comprometido y de pleno derecho dentro de la OTAN.
Tras la divulgación del correo, Sánchez volvió a descartar la posibilidad de que España sea suspendida y señaló que su administración se basa únicamente en «documentos oficiales» para actuar. Además, reafirmó la colaboración con los aliados, siempre respetando la legalidad internacional.
Este episodio pone de manifiesto las tensiones internas en la alianza y el límite legal que impone el tratado, que protege la permanencia de sus miembros frente a presiones externas o internas que podrían cuestionar su continuidad.
