El grupo de arqueología social Imastanen ha denunciado el saqueo de tesoros arqueológicos en el municipio de Arico, situado en el sur de Tenerife. Consideran que este territorio se ha convertido en un “territorio sin ley” para la defensa del patrimonio cultural, donde tanto los ecosistemas únicos como el valor patrimonial y etnográfico están en grave peligro.
La denuncia surge a partir de la preocupación de varios vecinos sobre los movimientos de tierra provocados por la actividad de una cantera llamada Tenaridos. Esta empresa, de hecho, es propiedad de los mismos dueños que fueron condenados a penas de prisión por actividades ilegales de extracción de áridos en el Valle de Güímar. Según Imastanen, este grupo tiene suficiente influencia política como para priorizar sus intereses privados sobre la protección del patrimonio común.
Impacto en el patrimonio cultural y medioambiental
La organización subraya que la conservación del patrimonio cultural y de los ecosistemas que lo albergan es un bien común que debe ser protegido. A pesar de que existen mecanismos legales para su defensa, estos no se están utilizando. Los arqueólogos alertan que los empresarios involucrados en la extracción de áridos no han corregido los daños derivados de sus actividades ilegales y continúan operando en zonas de Arico que albergan yacimientos guanches, poniendo en riesgo su integridad.
Los daños no se limitan solo a los yacimientos. Recientemente, se han registrado alteraciones en un muro que contenía piedras con grabados rupestres de factura insuloamaziq. Este muro ha sufrido destrozos, con piedras desplazadas y grabados dañados, lo que representa un nuevo episodio de destrucción del legado ancestral canario. También se ha identificado una estación de cazoletas no catalogadas que podría sufrir daños irreparables debido a los movimientos de tierra en la zona.
Desinterés político y falta de acción
A pesar de las alertas enviadas al área de Patrimonio del Cabildo, así como las quejas de los vecinos a la concejalía de Patrimonio del gobierno municipal, no se ha observado una respuesta efectiva. Según Imastanen, esta falta de interés político se ve agravada por el constante vaivén de cargos en las instituciones, lo que dificulta una actuación adecuada ante los atentados al patrimonio.
La organización muestra su consternación e impotencia ante la situación, asegurando que esta desidia podría llevar a la pérdida irreparable de vestigios insustituibles del patrimonio arqueológico. La falta de acción y la ausencia de una divulgación adecuada que promueva la concienciación pública condenan a la desaparición un legado cultural que atesora la información sobre las creencias y modos de vida de nuestros antepasados, quedando todo esto ante la mirada impasible de quienes tienen la responsabilidad de velar por su conservación.
