El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado que 103 personas recibieron vacunas que ya habían superado su fecha de caducidad en distintos centros sanitarios de Gipuzkoa. La mayoría de los afectados son bebés y menores, aunque también se han identificado cinco adultos.
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha señalado que todas las personas afectadas serán revacunadas lo antes posible como medida preventiva, a pesar de que la administración de estas dosis no supone un riesgo para la salud.
Las vacunas pertenecían a un lote cuya fecha de caducidad vencía el 30 de noviembre. En total se utilizaron 253 dosis, de las cuales aproximadamente la mitad se administraron dentro del plazo, mientras que las 103 restantes se inocularon con posterioridad a esa fecha.
Desde Osakidetza se reconoce que se produjo un fallo grave en los controles internos, al no verificarse correctamente la fecha de caducidad de la vacuna hexavalente, que protege frente a enfermedades como la difteria, el tétanos, la tosferina, la poliomielitis, la hepatitis B y el Haemophilus influenzae tipo B.
La investigación preliminar indica que 150 personas recibieron la vacuna durante el mes de noviembre, justo antes de su caducidad, mientras que el resto fueron vacunadas después. Entre los afectados hay bebés de dos y cuatro meses, menores de 11 años y adultos de entre 42 y 69 años.
El incidente salió a la luz tras el aviso de una enfermera de Errenteria el pasado 15 de enero, lo que activó de inmediato los protocolos internos. A partir de ese momento, Osakidetza inició el contacto con las familias implicadas y abrió una revisión completa del proceso de distribución y administración de las vacunas.
El caso ha generado también reacción política. El grupo parlamentario EH Bildu registró una iniciativa en el Parlamento Vasco solicitando explicaciones. Su portavoz en materia de Salud, Rebeka Ubera, ha cuestionado la rapidez y claridad de la respuesta institucional y ha denunciado la incertidumbre trasladada a algunas familias.
Desde el Departamento de Salud se ha aclarado que el fabricante no tiene responsabilidad en lo ocurrido y que el error se debe exclusivamente al manejo interno de los lotes. La investigación analizará toda la cadena, desde el almacén distribuidor hasta los centros de salud y el personal que administró las dosis.
Este episodio ha reabierto el debate sobre la seguridad y los sistemas de control en la sanidad pública, en un contexto donde la confianza ciudadana resulta clave. Las conclusiones de la investigación serán determinantes para introducir mejoras y evitar que una situación similar vuelva a producirse.
La información completa sobre este caso puede consultarse en GipuzkoaNoticias.es, así como en la noticia específica publicada sobre este incidente en
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