Un juez ha dado luz verde a los Mossos d»Esquadra para que accedan a las cuentas bancarias asociadas con el exministro Cristóbal Montoro y sus socios del despacho Equipo Económico. Esta decisión se produce tras detectar pagos que han sido considerados «incoherentes» durante la investigación. Montoro está siendo investigado en el juzgado número 2 de Tarragona, donde se le acusa de haber promovido cambios legislativos para beneficiar a empresas del sector gasista a cambio de compensaciones económicas para su despacho.
El magistrado ha autorizado a la Unidad Central Anticorrupción a acceder al Fichero de Titularidades Financieras para examinar los productos bancarios relacionados con Montoro y su círculo cercano. Esto se debe a que la información proporcionada por algunas entidades fue considerada «insuficiente». Según el auto judicial, se ha identificado una «fragmentación» y «diferimiento» en los pagos realizados por las gasistas al despacho, así como ingresos en múltiples cuentas que suscitan sospechas.
Particularmente, el juez ha señalado la existencia de pagos dirigidos a exsocios y familiares que no estaban vinculados al despacho en el periodo en cuestión, además de diferencias inexplicables en las cantidades recibidas que no coinciden con los porcentajes de participación. También se han encontrado casos en los que algunos socios obtuvieron menos ingresos que otros con menor participación, una situación que intensifica las dudas sobre la operativa financiera del despacho.
Ante estos indicios, el magistrado considera «necesario» llevar a cabo un análisis más profundo de las cuentas. Ya se había solicitado información adicional por parte de la Agencia Tributaria sobre las cuentas y cajas de seguridad relacionadas con el despacho, así como el origen y destino de 700 cheques por un valor total de 6,4 millones de euros. La investigación busca determinar si Montoro, quien ocupó el cargo de ministro de Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, favoreció a empresas del sector gasista mediante modificaciones normativas a cambio de beneficios económicos para su despacho profesional.
