Sumar, formación liderada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permita la contratación de extranjeros en situación irregular como becarios. Esta petición surge ante la dificultad de que estos inmigrantes puedan ser dados de alta debido a la exigencia de contar con un número de la Seguridad Social, algo que consideran un «obstáculo añadido».
Los representantes de Sumar, Viviane Ogou y Aina Vidal, han presentado una proposición no de ley que busca garantizar el derecho a la formación de los estudiantes de Formación Profesional que se encuentren en esta situación administrativa. Según su perspectiva, la medida es necesaria tanto por razones de dignidad como por la necesidad de incorporar profesionales cualificados a la economía española.
En su propuesta, enfatizan que sorprende la gran barrera administrativa que enfrentan estos estudiantes. Señalan que, aunque tienen acceso a un número de la Seguridad Social para atención sanitaria, no lo tienen para cotización laboral, lo que les impide realizar prácticas profesionales obligatorias.
La formación magenta argumenta que esta situación vulnera derechos fundamentales, ya que tanto menores como adultos tienen derecho a la educación y a obtener titulaciones según la legislación educativa vigente. Además, citan una recomendación del Defensor del Pueblo que respalda su posición, indicando que estos estudiantes deben ser tratados en igualdad de condiciones que los españoles en lo que respecta a becas y formación.
Sin embargo, la postura de Sumar se enfrenta a la interpretación de la normativa de la Seguridad Social, que establece que los extranjeros en situación irregular no pueden ser dados de alta. Desde la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social enfatizan que esta restricción crea barreras burocráticas que limitan el acceso a la educación de estas personas.
Los diputados de Sumar consideran que esta interpretación contraviene principios constitucionales y argumentan que impide que el país se beneficie de profesionales formados en su sistema educativo. A través de su proposición, Sumar aboga por eliminar cualquier requisito que obstaculice el derecho a la educación de los estudiantes extranjeros en situación irregular, especialmente la falta de un número de la Seguridad Social que les permita realizar prácticas profesionales.
