Nicolas Sarkozy se presentó nuevamente ante el Tribunal de Apelación de París para reafirmar su inocencia en el caso de financiación ilegal de su campaña electoral de 2007, supuestamente respaldada por el régimen libio de Muamar Gadafi. En su declaración, aseguró: «Gadafi no tenía ningún poder sobre mí, ni político, ni financiero, ni personal».
Durante tres días, el expresidente deberá convencer al tribunal de su inocencia con el objetivo de reducir la condena por «asociación ilícita», que le fue impuesta el pasado mes de septiembre. Esta condena resultó en 20 días de prisión antes de su liberación mientras se revisa su apelación. En caso de que el recurso sea rechazado, Sarkozy enfrentaría una pena de cinco años de prisión por su supuesta implicación en un plan que buscaba recibir fondos del gobierno libio a cambio de favores políticos.
En la primera jornada del juicio, vestido con su característico traje oscuro, reiteró que no recibió «ni un solo céntimo de Libia». El presidente del tribunal interrogó a Sarkozy sobre un viaje preparatorio a Libia que fue encargado a su colaborador cercano, Claude Guéant, quien también está imputado en el caso. Aunque Sarkozy admitió que «aceptó, aprobó y asumió la responsabilidad» del viaje, no recordaba «quién tuvo la idea», y justificó la necesidad de la visita en el contexto de la gestión de flujos migratorios.
A pesar de sus alegaciones, las pruebas presentadas en el juicio inicial contradicen su versión y sugieren que durante esos viajes, Guéant y otro asesor, Brice Hortefeux, negociaron la financiación ilegal con Abdallah Senussi, un alto funcionario libio condenado a cadena perpetua por un atentado que causó numerosas muertes. Los jueces dictaminaron que Sarkozy actuó al margen de sus funciones oficiales, permitiendo a sus colaboradores actuar en su nombre.
En octubre de 2005, Sarkozy se reunió con Gadafi en Trípoli, cuando era ministro del Interior. Afirmó que no solicitó la reunión, sino que fue el dictador quien pidió verlo, insistiendo en que no hubo ningún pacto entre ellos. A pesar de la extensa investigación que no logró encontrar el dinero que financió su campaña presidencial, fue absuelto del cargo de «financiación ilegal», aunque sí condenado por «asociación ilícita».
A sus 71 años, Sarkozy es consciente de «la gravedad del asunto» y considera que ha sufrido las consecuencias. Su entrada en prisión suscitó un amplio debate en Francia. Frente al tribunal, y mostrando signos de cansancio, el expresidente mantiene su posición: «le debo la verdad a los franceses».
