La consejera de Políticas Sociales y Bienestar Animal, Randa Mohamed, ha declarado que la Sociedad Protectora de Animales es la entidad que debe hacerse cargo de la reparación de uno de los muros de su sede, el cual fue derribado en 2024 debido a un accidente de tráfico.
Mohamed ha indicado que, dado que las instalaciones fueron cedidas a la Protectora por la Ciudad Autónoma en 2023, corresponde a la propia asociación gestionar y financiar la reparación correspondiente. La consejera destacó que se solicitará que los fondos para esta obra sean ingresados directamente en la cuenta de la Protectora.
Esta situación ha generado un debate sobre las responsabilidades de las entidades públicas y privadas en la gestión de instalaciones que sirven a la comunidad, especialmente en lo que respecta a la protección y bienestar animal. La Protectora, que realiza una labor fundamental en la atención de animales abandonados y maltratados, se encuentra en una posición delicada al tener que buscar financiación para arreglar sus instalaciones, lo que podría afectar su capacidad para seguir ofreciendo sus servicios.
La polémica en torno a este asunto pone de manifiesto la necesidad de establecer acuerdos claros sobre la responsabilidad de mantenimiento de infraestructuras en manos de organizaciones sin ánimo de lucro que dependen en gran medida de la colaboración pública y privada para su funcionamiento.
