El PSOE ha adoptado una postura defensiva en su rol, generalmente discreto, como acusación popular en dos casos de gran relevancia política que se están investigando en la Audiencia Nacional: el caso hidrocarburos y el caso Koldo. Esta última investigación se ha ampliado para incluir el análisis de los pagos en efectivo realizados durante la gestión de José Luis Ábalos como secretario de Organización.
El partido ha presentado alegaciones donde cuestiona el uso que PP y Hazte Oír hacen de su papel como acusación popular en causas que involucran al Gobierno. En este contexto, el PSOE ha aprovechado unas alegaciones dirigidas al juez Santiago Pedraz, que lleva el caso hidrocarburos, para criticar las diligencias solicitadas por la acusación ejercida por Hazte Oír.
El abogado del PSOE, Gonzalo Martínez Fresneda, menciona un mensaje hallado en los dispositivos de Koldo García, ex asesor del ministro de Transportes, que podría indicar favores otorgados al PP en relación con la decisión del Gobierno de Marga Prohens de no reclamar el reembolso de mascarillas defectuosas proporcionadas por la trama de Koldo García. En su escrito, se hace referencia a posibles reuniones entre Koldo y Miguel Tellado, así como a una visita a la sede del PP en enero de 2024.
Durante una conversación el 4 de diciembre de 2023, el responsable de la empresa implicada, Juan Carlos Cueto, expresó su confianza en que la gestión de Koldo García con el PP tendría éxito porque «le han dado otro favor a cambio». El PSOE sostiene que la acusación popular unificada, que en el caso Koldo ejerce el PP, no ha propuesto diligencias relevantes para investigar qué favor se concedió a este partido para que el Gobierno balear desistiera de reclamar a Cueto lo que debía.
El abogado del PSOE argumenta que esta situación pone de manifiesto «el uso ilegítimo, parcial y sesgado de la institución de la acusación popular para fines espurios ajenos al objeto de la investigación». En particular, piden que se anule una solicitud de diligencias presentada por Hazte Oír al juez Pedraz, con el fin de evitar que se acceda a la identificación de un «varón de 40 años» que, según las acusaciones, entregó hasta 90.000 euros en la sede del PSOE.
El PSOE también se opone a otras diligencias, como volver a citar al ex jefe de gabinete de la exvicepresidenta Teresa Ribera, y la identificación de un número de teléfono relacionado con Koldo García, considerando estas acciones como intentos de desviar la atención del verdadero objetivo de la investigación, que es el delito fiscal cometido por Víctor de Aldama y sus asociados.
Finalmente, el PSOE concluye que las acciones de las acusaciones parecen alejarse del objeto de investigación y se centran en lograr la imputación de su partido, lo cual consideran infructuoso.
