La privatización de la gestión de la Marina y la disolución del Consorcio Valencia 2007 han provocado un conflicto laboral que se mantiene abierto desde hace dos años. Tras una denuncia presentada por Compromís, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación sobre la alcaldesa de Valencia y la presidenta del Puerto de Valencia, por posibles irregularidades en subrogaciones laborales, conocidas coloquialmente como «enchufismo» entre administraciones.
La oposición política ha señalado al concejal de Grandes Proyectos, Mari Olano, como figura clave detrás de esta operación. Esta acusación se basa en un audio difundido durante una reunión celebrada a principios de 2024 en las oficinas del Muelle de la Aduana, donde Olano se reunió con trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) y sus representantes sindicales.
En la grabación, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, Olano explica las gestiones realizadas para la creación de varias plazas en entidades municipales como la Fundación Deportiva Municipal y Visit Valencia. Detalla que algunas de estas plazas ya han finalizado su plazo de presentación de solicitudes sin recibir ninguna candidatura. También menciona futuras convocatorias en Aumsa, aunque no garantiza su disponibilidad, y en Espais Industrials, que tienen un régimen de competencia diferente al sector público local.
Olano justifica la creación de estos puestos indicando que tres secretarios municipales han supervisado el proceso y que se ha interpretado la ley al máximo sin incumplirla. Además, anticipa la extinción de las relaciones laborales con el Consorcio antes de diciembre de 2024 y la asunción de sus funciones por parte del Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.
Los trabajadores preguntaron por qué el Ayuntamiento no subroga a los empleados si la actividad de la Marina continuará. Olano respondió que la actividad del Consorcio irá cesando gradualmente y que sus funciones pasarán a funcionarios municipales existentes, pero que la secretaría municipal descartó la subrogación directa por razones legales, posición respaldada por tres secretarios.
Respecto a la subrogación en el Puerto de Valencia, Olano aclaró que esta entidad no depende del Ayuntamiento sino del Estado, y que desde esta última administración no hubo interés en intervenir, dejando la responsabilidad a las administraciones municipal y autonómica.
Uno de los puntos más controvertidos en la denuncia de Compromís es la provisión de dos cargos directivos en la Autoridad Portuaria, adjudicados a dos trabajadoras que previamente superaron la selección en la Fundación Deportiva Municipal. Una decena de empleados firmaron un acta notarial que confirmaba esta adjudicación, que finalmente se materializó.
En cuanto a la liquidación del Consorcio, un trabajador manifestó la preocupación por la pérdida de profesionales con experiencia y denunció que «es un error grave para la gestión pública tras más de 20 años de funcionamiento». Olano reconoció que esta decisión fue tomada por el anterior equipo de gobierno en 2021 y aseguró que él solo ha encontrado esa situación al llegar.
Sobre la subrogación del personal de amarres que pasará a una UTE, Olano defendió que ha visto numerosas subrogaciones similares y que los problemas suelen ser mínimos, garantizando tranquilidad a los empleados. También advirtió que aquellos que se trasladen a fundaciones municipales podrían sufrir un empeoramiento en sus condiciones laborales, ya que dependen del puesto de destino.
Finalmente, Olano se mostró abierto al diálogo y destacó que su teléfono está disponible para los trabajadores, asegurando transparencia y respeto por cualquier acción judicial que defiendan sus derechos, siempre dentro de la legalidad. En las próximas semanas comenzarán los juicios individuales de los despedidos del Consorcio, quienes buscan la nulidad de sus despidos argumentando que sus funciones continuaron en el Ayuntamiento y, por tanto, deberían haberse subrogado.
El director general del Consorcio en aquel momento, Vicent Llorens, ofreció apoyo a los empleados para denunciar cualquier irregularidad. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción intensifica la supervisión sobre estas despidos y recolocaciones en fundaciones y en el Puerto de Valencia.
