El Govern balear liderado por Marga Prohens estaba al tanto de la reclamación vinculada al contrato de mascarillas que finalmente dejó caducar, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta situación pone en evidencia una paralización administrativa en la gestión de una deuda de cuatro millones de euros, en medio del escándalo conocido como el «caso Koldo».
Balears es la única comunidad autónoma donde este caso mantiene el bipartidismo en el foco. Mientras que el PSOE bajo el mandato de Francina Armengol se vinculó sin reparos a una presunta organización criminal que recibió cerca de seis millones de euros por servicios fraudulentos o innecesarios, el actual Gobierno del PP debe aclarar la inacción burocrática que permitió que la reclamación por las mascarillas caducara.
La Guardia Civil dedicó un extenso análisis para desmontar las falsedades difundidas por Armengol sobre sus vínculos con personajes como Koldo García. En contraste, la UCO resumió en unas pocas líneas el desconocimiento que el Govern de Prohens alegó en febrero de 2024, justo cuando estalló el escándalo ante la Audiencia Nacional. El procedimiento para resolver parcialmente el contrato de emergencia de suministro de mascarillas se inició el 24 de agosto de 2023, un mes después de que Prohens asumiera la presidencia.
Esto implica que la responsabilidad sobre la tramitación para recuperar el dinero corresponde al actual Ejecutivo del PP, que, según la UCO, conocía perfectamente la situación. Sin embargo, los dirigentes autonómicos, incluida la propia Prohens, negaron ante el Congreso en mayo de 2024 tener conocimiento detallado del caso. La realidad contradice ese argumento, pues la administración puso en marcha el procedimiento desde el primer momento, incluso en agosto, cuando la actividad gubernamental suele ralentizarse por las vacaciones.
Javier Ureña, director general del IB-Salut, asumió la responsabilidad de gestionar las distintas vertientes del escándalo y afirmó que el Govern recibió «una herencia envenenada y oculta». Sin embargo, esta versión es difícil de sostener, dado que el Ejecutivo del PP decidió poner en marcha el procedimiento de resolución al llegar al cargo. Por su parte, la consellera Manuela García Moreno ha evitado hacer declaraciones sobre el contrato involucrado, que afecta a su departamento.
En conversaciones informales, Prohens mantuvo que su Ejecutivo desconocía por completo el fraude relacionado con las mascarillas, pero esta postura ha quedado refutada. Según la presidenta, tras la publicación del informe inicial de la UCO en febrero de 2024, se inició una investigación muy exhaustiva, comparada con el estilo de Sherlock Holmes. Sin embargo, esta investigación parece innecesaria, ya que el PP llevaba casi un año gestionando la crisis derivada del escándalo.
El problema radica en que el Govern, tras iniciar el procedimiento, no avanzó más, manteniéndose en una inhibición que resulta sospechosa cuando estalló el caso públicamente. La Audiencia Nacional ha determinado que la red liderada por Koldo García logró que el expediente quedara archivado y olvidado. Desde agosto de 2023, la UCO detectó solo dos movimientos administrativos: en octubre se concedió un trámite de audiencia a la empresa beneficiaria, y en noviembre se registraron las alegaciones presentadas por Soluciones de Gestión.
Entre octubre de 2023 y febrero de 2024, cuando el asunto salió a la luz en Madrid, el silencio administrativo fue absoluto. El juez instructor, Ismael Moreno, se mostró sorprendido de que la organización criminal mantuviera actividad hasta el 18 de enero, fecha en la que les comunicaron desde Palma que la reclamación había caducado. Tras eso, el silencio fue total, confirmando el objetivo alcanzado por la trama.
Por ahora, no se ha identificado al alto cargo o funcionario del Govern actual que alertó con precisión a Koldo García de que no tendría que devolver ni un euro a las arcas públicas de Balears, un hecho que aumenta las sospechas sobre la posible complicidad interna en la gestión del escándalo.
