La situación de las funcionarias en las prisiones españolas ha cobrado relevancia con motivo del 8 de marzo. Actualmente, las mujeres representan el 35% del personal penitenciario, un porcentaje que continúa en aumento. Sin embargo, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Marlaska, se resiste a modificar los protocolos de seguridad que afectan a este colectivo.
El sindicato UGT-Acaip ha denunciado que, a pesar de la creciente integración de las mujeres en el ámbito penitenciario, muchas trabajan en módulos masculinos, lo que puede llevar a situaciones de riesgo. Según sus informes, las funcionarias enfrentan conductas de carácter sexual que, si se produjeran fuera de la prisión, serían catalogadas como agresiones sexuales. Sin embargo, en el entorno penitenciario, estos comportamientos a menudo se trivializan.
El sindicato subraya que el problema no reside en la incorporación de mujeres al sistema, lo cual consideran una evolución positiva, sino en la falta de respeto y protección que reciben. «Las funcionarias merecen el mismo respeto y protección», aseguran. Por ello, reclaman la implementación de medidas específicas, como protocolos adaptados para hacer frente a agresiones sexuales y situaciones de acoso, así como equipamiento apropiado y formación que les permita afrontar los riesgos del entorno en el que laboran.
Desde hace tiempo, los sindicatos han solicitado una revisión de los protocolos de actuación y cambios en la organización del trabajo que garanticen la seguridad de las funcionarias. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha ignorado constantemente estas demandas. Entre las propuestas de Acaip se incluyen la actualización de los protocolos frente a agresiones y una mejor distribución del personal en los módulos donde se registran incidentes de este tipo.
