El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado la polémica decisión de financiar transvases de agua en Marruecos con los impuestos de los españoles, lo que ha generado un aire de traición hacia los agricultores españoles que dependen del trasvase Tajo-Segura. Esta medida, que recorta el acceso al agua en regiones como Murcia, Almería y Alicante, ha desatado críticas de diferentes sectores políticos y sociales que ven en ella un error estratégico y económico.
Recortes y competencia desleal
Los agricultores del levante español se encuentran en una situación precaria, ya que el Gobierno está dispuesto a recortar el trasvase Tajo-Segura, esencial para sus cultivos, mientras que al mismo tiempo se canalizan recursos hacia Marruecos. Este país se ha convertido en un competidor directo en la producción agrícola, exportando tomates y cítricos a la Unión Europea en cantidades que rivalizan con las de España. Las condiciones laborales en Marruecos, que son mucho más flexibles en comparación con las exigencias de la UE, contribuyen a crear una competencia desleal que pone en riesgo la viabilidad del sector agrícola español.
La situación se agrava al observar que, a pesar de contar con fondos europeos destinados a mejorar infraestructuras hídricas en España, el gobierno de Sánchez no ha tomado medidas efectivas. Desde octubre de 2024, cuando se produjeron fenómenos climáticos extremos en la provincia de Valencia, no se han implementado soluciones que protejan a los agricultores ni se han modernizado los regadíos, dejando pasar una oportunidad que podría haber transformado el panorama hídrico del país.
Inversiones y abandono
La política hídrica de Marruecos, que prevé inversiones de 36 000 millones de euros entre 2020 y 2050 para la construcción de presas y la modernización de infraestructuras, contrasta con la falta de acción en España. La construcción de 16 grandes presas antes de 2027 en Marruecos subraya una estrategia a largo plazo que España parece haber olvidado. Este abandono de políticas hídricas adecuadas y la falta de un pacto nacional por el agua han llevado a que muchos vean a Sánchez como un traidor al sector agrícola.
César Sánchez Pérez, diputado y portavoz de Cambio Climático del Partido Popular, ha expresado su preocupación por esta situación, señalando que los agricultores españoles están siendo sacrificados en favor de una política que favorece a competidores estratégicos. La necesidad de una política hídrica de Estado que priorice los intereses nacionales es más apremiante que nunca, especialmente ante el riesgo de que muchas regiones se conviertan en desiertos si no se protege el sector primario.
La actual crisis hídrica en España requiere una respuesta contundente y una colaboración entre todas las fuerzas políticas, que permita establecer un Pacto Nacional por el Agua. Este esfuerzo es vital para garantizar la seguridad alimentaria, el empleo y la sostenibilidad ambiental en un país donde la agricultura es clave para el futuro de muchas comunidades.
