La Comisión de Justicia del Senado ha dado un paso importante este martes al aprobar el dictamen de la reforma penal promovida por Junts, que tiene como objetivo incrementar las sanciones para los casos de multirreincidencia. Esta iniciativa ha sido objeto de modificaciones por parte del PP y Vox, centradas en la regularización masiva de inmigrantes, mientras que el PSOE ha añadido una enmienda que propone endurecer las penas para los cultivos «indoor» de marihuana.
Con la aprobación en la Comisión, la ley de multirreincidencia se dirige ahora al Pleno de la Cámara Alta, donde se debatirán las enmiendas que no fueron aceptadas en la Comisión. Dado que ya se han realizado cambios durante su tramitación, la norma deberá regresar al Congreso de los Diputados para que se valide o se rechacen las modificaciones introducidas en el Senado.
El PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para añadir una enmienda que busca evitar que inmigrantes con antecedentes policiales puedan beneficiarse de la reciente regularización masiva aprobada por el Gobierno. Esta modificación afecta a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, conocida como la Ley de Extranjería. Se ha incluido un nuevo artículo que tiene como finalidad reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en el país.
Según el PP, no se puede combatir eficazmente la multirreincidencia si el marco legal permite que individuos con antecedentes penales relevantes, ya sean de otros países o no verificados, obtengan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control adecuado. Por ello, todos los permisos de residencia requerirán que el solicitante no tenga antecedentes penales y que no esté sujeto a un procedimiento penal en España o en los países donde haya residido anteriormente.
Además, se propone denegar la solicitud de estancia o residencia a aquellos que hayan sido condenados por reincidencia, y la administración deberá recabar informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evaluar cualquier posible amenaza a la seguridad pública. También se establece que los procedimientos sancionadores relacionados con la expulsión no se suspenderán ante solicitudes de estancia o residencia.
Respecto a Vox, aunque propusieron modificar el régimen de sustitución de penas por expulsiones para extranjeros, esta enmienda fue rechazada en la Comisión. Sin embargo, se ha incluido una enmienda que establece que, en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley, el Gobierno deberá firmar acuerdos multilaterales y bilaterales con otros Estados, así como promover normas en el ámbito de la Unión Europea. Esto busca que la expulsión de delincuentes reincidentes de España garantice que cumplan las penas impuestas por tribunales españoles en sus respectivos países.
En cuanto al PSOE, durante la tramitación en el Congreso, acordó con el PP y el PNV una enmienda que establece penas de prisión de uno a cinco años por el «petaqueo», que se refiere a la provisión de apoyo logístico a narcolanchas. Este tipo de delitos incluye la adquisición y tenencia de combustibles líquidos en violación de las leyes. El PP ha añadido una enmienda relacionada con el aumento del número de fiscales, mientras que el PSOE ha hecho un ajuste para incluir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico vinculado a los cultivos «indoor» de marihuana, donde a menudo se da el fraude en el suministro eléctrico.
Por último, Coalición Canaria había presentado una enmienda para otorgar más competencias a la Policía Canaria, pero esta fue finalmente rechazada por la Mesa del Senado.
