La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que declare que no solo los padres, sino también otros familiares directos, tienen legitimidad para recurrir decisiones relacionadas con la eutanasia. En un informe extenso al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Ministerio Público argumenta que padres, hijos, hermanos y cónyuges tienen un «interés legítimo» en que la decisión de conceder la ayuda para morir «se haya desarrollado con arreglo a la legalidad», siempre que exista un «vínculo afectivo vigente».
Según la Fiscalía, el hecho de que un familiar cercano pueda impugnar la concesión de la eutanasia no implica que posea un «derecho propio» sobre la vida del otro, sino que su interés radica en asegurar que el proceso que podría conducir a la pérdida irreversible de un derecho fundamental se ha llevado a cabo conforme a la ley. Este planteamiento se refleja en el informe presentado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde se incluye a «cónyuges o asimilados, padres, hijos y hermanos» en el ámbito familiar estricto de la persona que solicita la eutanasia.
No obstante, la Fiscalía aclara que este derecho no es automático. Los familiares deben demostrar que su vínculo está sustentado por un afecto vigente en el momento de los hechos, lo que puede abrir la puerta a la posibilidad de que se les niegue la legitimación para recurrir. Además, cualquier recurso contra la concesión de la eutanasia debe tener un «objeto limitado», centrándose en el cumplimiento de las condiciones legales para el reconocimiento administrativo de la prestación, lo cual puede incluir vicios de voluntad en la solicitud o irregularidades en el procedimiento.
La cuestión de la legitimación para impugnar las decisiones sobre eutanasia ha cobrado relevancia tras las resoluciones de dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Barcelona, que en 2024 y 2025 negaron a padres de personas que habían solicitado la eutanasia la legitimidad para recurrir. Estos casos se relacionan con la joven Noelia Castillo, quien recibió la ayuda para morir en marzo de 2025, tras la negativa de su padre a impugnar la decisión.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en respuesta a un recurso del padre de otro solicitante, determinó que no se puede descartar la legitimación de los padres como interesados en que sus hijos permanezcan con vida. Esta sentencia será revisada por el Tribunal Supremo el próximo mes de mayo, en un caso que marcará un precedente sobre quién puede impugnar la eutanasia de un familiar mayor de edad.
La Generalitat de Cataluña ha recurrido esta decisión, argumentando que la ley de eutanasia no contempla la posibilidad de que terceros impugnen la concesión. La Fiscalía, por su parte, sostiene que el Tribunal Constitucional ha establecido que es posible impugnar resoluciones favorables a la eutanasia por parte de quienes tienen un interés directo, resaltando que dicho interés debe estar enmarcado en relaciones familiares y afectivas.
La discusión sobre la legitimación para recurrir las decisiones sobre eutanasia también toca la vulnerabilidad del paciente y la necesidad de un control judicial en la aplicación de la ley. La Fiscalía subraya que, aunque quienes solicitan la eutanasia deben ser personas conscientes y libres, su situación puede implicar una «posición de vulnerabilidad» que justifica la intervención de un tercero calificado, con un vínculo afectivo intenso.
