Este viernes, la Justicia ha convocado a declarar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso como imputado en una causa que investiga la supuesta revelación de datos personales de dos periodistas de El País. Esta medida ha sido resultado de que la Audiencia aceptara el recurso de los denunciantes, generando una inmediata reacción de Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Martín Aguirre ha calificado esta citación como un señal del «desmoronamiento» de un sistema de «pelotazos». A través de sus redes sociales, expresó: «La caída de MAR y el resto del entorno de Ayuso es el desmoronamiento de todo un sistema dispuesto a lo que sea para seguir pegando pelotazos». En su mensaje, también destacó que este proceso ha debilitado los servicios públicos en la región, lo que ha llevado a Madrid a perder numerosas oportunidades.
La citación de Miguel Ángel Rodríguez está programada para el próximo 6 de mayo, donde se le acusa de un delito de revelación de secretos por filtrar datos de los dos periodistas. La denuncia fue presentada en enero de 2025 por el PSOE, alegando que Rodríguez habría obtenido información personal de un policía nacional que estaba en la escolta de Ayuso. Este agente, al parecer, identificó a los periodistas cuando estos se encontraban cerca del domicilio de la presidenta regional.
El incidente tuvo lugar cuando los periodistas, tras conversar con los vecinos, se preparaban para abandonar el edificio. En ese momento, un hombre no identificado, que se presentó como policía, les solicitó sus identificaciones. Tras revisar sus credenciales, el agente se retiró y tomó nota de la información personal, mientras otros dos hombres observaban la escena sin identificarse.
Una hora después de que varios periodistas cubrieran temas relacionados con Ayuso, su equipo emitió un comunicado acusando a los reporteros de «acoso» a los vecinos de la presidenta. Además, el comunicado señalaba al delegado del Gobierno como cómplice de tales prácticas, argumentando que se había presentado una denuncia a la Policía Nacional, a la que no se le brindó el apoyo necesario. Asimismo, se mencionó a empleados de eldiario.es como presuntos responsables de intentar acceder a la residencia de Ayuso, una acusación que ambos medios han desmentido.
Este episodio subraya los crecientes problemas de transparencia y ética en la administración de la Comunidad de Madrid, así como la tensión entre los medios de comunicación y el gobierno regional.
