Un nuevo enfrentamiento ha surgido entre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé. El edil de la formación progresista ha denunciado que Barcala intentó «impedir» que se plantease una pregunta sobre viviendas vacías en el consejo de administración de Aguas de Alicante, además de ordenar que dicha intervención «no conste en acta».
Este conflicto se produce en medio de un enfrentamiento judicial que ambos políticos han mantenido desde el año pasado, cuando el alcalde impidió que el concejal de la oposición votara debido a su permiso laboral por acogimiento de un menor. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó que Copé tenía derecho a ejercer su voto.
Según el relato de Copé, en la reunión del consejo celebrada este lunes, Barcala le «impidió» formular una pregunta sobre el estado de varias viviendas que pertenecen a la empresa mixta, las cuales se habían comprometido para su uso en alquiler social desde el inicio de la legislatura. El portavoz progresista enfatizó que el alcalde «ha ordenado que dicha intervención ni siquiera figure en el acta del Consejo de Administración», una decisión que considera que limita el derecho de los consejeros a realizar funciones de control y fiscalización.
Copé, respaldado por otros miembros del consejo presentes en la reunión, explicó que la pregunta referida estaba «directamente vinculada a la actividad y gestión de la sociedad», lo que hace que su rechazo «no tenga fundamento y represente una interpretación arbitraria de las normas internas del consejo».
Desde EU-Podemos se critica que esta acción no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de bloqueos a la labor de control democrático. «Impedir que se formule una pregunta sobre vivienda pública es un acto que limita el derecho de la ciudadanía a saber qué se está haciendo con recursos que son, en parte, públicos», argumentó Copé. «No se puede hablar de transparencia mientras se eliminan preguntas incómodas del acta. Lo que se intenta ocultar es la razón por la que hay viviendas vacías que no se destinan a alquiler social».
El concejal ha anunciado que su grupo municipal exigirá que la pregunta sea incorporada al acta, que se brinde una respuesta formal y que se aclare la situación real de estas viviendas, así como las razones por las que no se han puesto al servicio del interés general.
