El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un plan que permitirá la regularización de más de 500.000 inmigrantes irregulares en España. Sin embargo, esta iniciativa ha suscitado advertencias desde Bruselas. El comisario europeo, Brunner, ha señalado los riesgos asociados a la movilidad de estos nuevos residentes en el continente europeo.
El proceso de regularización comenzará en abril y se extenderá hasta junio de 2026. Aquellos que puedan demostrar una estancia continua de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025, y que no tengan antecedentes penales graves, podrán acceder a un permiso inicial de un año, renovable posteriormente. Este plan también incluye a solicitantes de asilo y a sus hijos dependientes.
Desde el primer trámite, se suspenderán las expulsiones, permitiendo a los regularizados trabajar en cualquier sector. No obstante, el Gobierno reconoce que las cifras se basan en «estimaciones», ya que la falta de censos precisos complica la obtención de datos exactos sobre la población irregular. Fuentes independientes sugieren que la cifra real de inmigrantes en situación irregular podría ser considerablemente mayor, alcanzando incluso hasta dos millones si se incluyen los casos por arraigo familiar.
Brunner, en una reciente editorial en El Mundo, explicó que si un inmigrante regularizado decide desplazarse a otro país europeo y comete algún delito o no justifica su estancia, España tendrá la obligación de repatriarlo. «Los permisos son nacionales, no Schengen», advirtió, lo que significa que salir de España anula su validez en otros Estados.
Ante esta situación, el Ejecutivo de Sánchez, apodado «Frankenstein» por sus alianzas políticas, ha justificado esta medida como una respuesta a necesidades económicas, argumentando que los migrantes contribuyen con el 10% del PIB y generan poco gasto público. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha calificado esta iniciativa como «histórica». Se prevé agilizar el proceso mediante vías telemáticas y el uso de oficinas de la Seguridad Social.
Desde Bruselas, se insiste en que el proceso español «puede ser problemático para los demás Estados» miembros de la UE. La oposición, liderada por el Partido Popular, critica esta iniciativa, considerándola una «cortina de humo», mientras que Vox plantea dudas sobre su impacto en los salarios y el empleo. El Gobierno se ha comprometido a realizar un seguimiento estadístico riguroso, aunque las cifras exactas continúan siendo inciertas.
Este pacto surge tras una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 700.000 firmas y forma parte de un plan más amplio orientado hacia la integración intercultural. Para Sánchez, regularizar a estos inmigrantes es una necesidad tanto moral como económica. Sin embargo, las autoridades europeas recuerdan que la regularización no implica una carta blanca para desplazarse libremente por Europa, siendo responsabilidad de España responder ante cualquier eventualidad que surja.
