El Gobierno de España y la Conferencia Episcopal han alcanzado un acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Este protocolo será firmado este lunes a las 11:00 horas en la sede del Defensor del Pueblo, según han confirmado fuentes de ambas instituciones.
La firma del acuerdo contará con la presencia de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia; Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española; Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer); y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Este paso se produce tras una declaración de la Iglesia del pasado 19 de marzo, donde se mencionaba que quedaban «algunos flecos» para cerrar el acuerdo y se esperaba su culminación en un plazo de «una o dos semanas».
El protocolo es el resultado de un acuerdo firmado en enero entre el Gobierno, la CEE y la Confer para establecer una nueva vía de reparación para aquellas víctimas cuyos casos no tienen posibilidad de ser tramitados judicialmente, ya sea por la prescripción del delito o por el fallecimiento del agresor. La Iglesia se hará cargo de los costos de este sistema, el cual será gestionado a través del Defensor del Pueblo.
En 2024, la Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para atender a aquellas personas que no pueden acceder a la vía judicial. Sin embargo, muchas de las víctimas han expresado su renuencia a acudir a la comisión creada por la Iglesia, lo que ha llevado a la creación de un sistema mixto entre la Iglesia y el Estado.
Desde la Conferencia Episcopal han señalado que este nuevo proceso es «complementario» al plan Priva, y no alternativo. Destacaron que quienes ya han participado en el plan Priva no pueden regresar al nuevo sistema. Este aspecto fue objeto de debate y quedó «sin definir» hasta ahora, aunque el acuerdo previo ya mencionaba que la relación entre ambos procedimientos sería parte del proceso.
El nuevo mecanismo de indemnización establece que la víctima deberá iniciar el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que a su vez trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta entidad se encargará de elaborar una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación, la cual podrá ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica, según lo que la víctima solicite.
Dicha propuesta será evaluada por la comisión asesora del plan Priva, que emitirá un informe. Si las partes están de acuerdo, la propuesta tendrá carácter definitivo y la indemnización será asumida por la Iglesia. Sin embargo, si no hay conformidad, se convocará una Comisión Mixta con la participación de asociaciones de víctimas, que buscará llegar a un acuerdo unánime. Si la discrepancia persiste, el Defensor del Pueblo será quien adopte la resolución final.
