La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha publicado la resolución 173/26 en el Boletín Oficial, que busca restringir aún más el derecho a huelga en los aeropuertos. Esta medida surge como una respuesta inmediata a la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso de la Nación mediante la ley 27.802, la cual, en su artículo 101°, amplía considerablemente el concepto de esencialidad.
Con esta nueva normativa, se considera servicio público esencial cualquier actividad cuya interrupción pueda poner en riesgo la salud pública, incluyendo el control de tráfico aéreo, así como otras funciones críticas en el ámbito aeroportuario. Hasta ahora, solo el control de tráfico aéreo contaba con esta categorización, pero la reciente ley ha ampliado el alcance, lo que podría afectar a prácticamente todas las actividades que se llevan a cabo en los aeropuertos. Esto desvirtúa el concepto de esencialidad y se percibe como una arbitrariedad que atenta contra el derecho a huelga en actividades que no representan un riesgo para la seguridad pública.
No es la primera vez que la ANAC intenta limitar el derecho constitucional a huelga. Ante cada situación de conflicto, especialmente cuando los trabajadores del sector demandan mejoras laborales y salariales, la administración ha tomado medidas restrictivas. Lo que cambia ahora es que la dirección de la ANAC se siente empoderada para ejercer atribuciones que no le corresponden en el marco de sus funciones específicas.
Un ejemplo reciente ocurrió en febrero, cuando los controladores aéreos vivieron un intenso conflicto sectorial. Durante ese tiempo, en el Congreso, con la complicidad de ciertos sectores sindicales, se gestaba esta reforma que pone en riesgo las conquistas históricas de los trabajadores.
Los aeronautas enfrentan ahora el desafío de rechazar este nuevo ataque a sus derechos, que incluye la reintegración de compañeros despedidos y la defensa del derecho a huelga, fundamental para garantizar el resto de sus derechos laborales. Para hacer frente a esta situación, es crucial que otros sectores que operan en los aeropuertos se unan a la lucha, organizando asambleas para definir una estrategia común. Si el gobierno avanza con estas medidas, es probable que continúe atacando a otros sectores laborales.
El transporte aéreo es un área estratégica, y el gobierno parece decidido a controlar a aquellos que lo sostienen. Por lo tanto, es necesario que se dé una respuesta conjunta a un gobierno que enfrenta escándalos de corrupción y las graves consecuencias de su política económica, que afecta cada vez más a la población trabajadora.
