La primera reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para discutir la reforma de la financiación autonómica concluyó el pasado miércoles sin alcanzar un acuerdo. Tal como se esperaba, los barones del Partido Popular (PP) habían anticipado un rechazo en bloque a la propuesta presentada. Sin embargo, Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, se desmarcaron de esta postura con diferentes grados de intensidad, mientras que Catalunya fue la única comunidad que mostró apoyo hacia la iniciativa.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, subrayó que la adhesión al nuevo sistema de financiación será “voluntaria”, prometiendo un aumento en los ingresos de todas las regiones. A pesar de ello, los consejeros de Hacienda se mostraron reticentes a responder sobre qué decisiones tomarán en el momento de acogerse a este nuevo sistema.
Reparto de 21.000 millones en juego
Sobre la mesa se encuentra el reparto de un total de 21.000 millones de euros, de los cuales 15.000 millones están destinados a los gobiernos del PP, liderados por Alberto Núñez Feijóo. La reunión tuvo una duración aproximada de cuatro horas, durante las cuales los consejeros desfilaron ante los medios para expresar su postura, pero es notable que la mitad de los representantes autonómicos abandonaron el Ministerio de Hacienda sin ofrecer declaraciones.
El PP, que controla once comunidades autónomas, posee una posición de fuerza en estas negociaciones, lo que hace que el desenlace de este proceso sea de gran importancia para el futuro financiero de las comunidades. La falta de consenso en esta primera reunión refleja las tensiones políticas que marcan el actual panorama autonómico en España.
