El Gobierno ha decidido recurrir nuevamente a la vía ejecutiva para eludir el Congreso, tras el rechazo de PP, Vox y Junts a las medidas del escudo social. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó dos ayudas dirigidas a quienes han sufrido emergencias de protección civil y a explotaciones agrarias, ambas sin carácter legal.
Las autoridades aseguran que no abandonarán sus esfuerzos por salvar otras medidas del paquete, como la moratoria contra desahucios, el bono social eléctrico y la prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, indicó que requieren más tiempo para negociar con sus socios y asegurar las mayorías necesarias.
Uno de los principales obstáculos es el escudo antidesahucios, que Junts se opone y que otros aliados consideran innegociable. Fuentes de Moncloa mencionaron que, independientemente de las acciones que se tomen, se presentará algo que pueda ser aprobado.
Por ahora, ERC, EH Bildu y BNG han presentado enmiendas a la ley de dependencia, actualmente en trámite, para garantizar la prohibición de desahucios y cortes de suministros a personas en situación de vulnerabilidad. La colaboración de Junts sigue siendo crucial para cualquier avance.
Desde el sector socialista del Gobierno, se están considerando nuevas oportunidades para prorrogar el escudo social mediante un tercer decreto, aunque piden tiempo para evitar una nueva derrota. Los socialistas intentaron en vano obtener el apoyo de Junts al modificar el texto para excluir a pequeños propietarios, además de lanzar un fondo de 300 millones de euros destinado a cubrir impagos a arrendadores.
La aprobación de estas ayudas por la vía ejecutiva forma parte de la estrategia del Gobierno en las últimas semanas. A través de reales decretos, se han implementado iniciativas como la regularización extraordinaria de migrantes y la desclasificación de documentos del 23-F, debido a la parálisis de otras iniciativas legislativas en el Congreso.
La fragilidad en el Parlamento ha llevado al presidente Pedro Sánchez a destacar la importancia de la acción del «poder ejecutivo», especialmente en el ámbito de la defensa. De cara al año 2026, se ha solicitado a los ministros que busquen medidas sociales en sus áreas que puedan avanzar sin necesidad de pasar por el Congreso.
Además, el pasado 3 de febrero se aprobó otro real decreto para crear un fondo de ayudas para propietarios de inmuebles ante posibles impagos por alquileres a jóvenes y familias en riesgo. La falta de un presupuesto aprobado ha obligado al Gobierno a recurrir a modificaciones presupuestarias aprobadas en el Consejo de Ministros para evitar bloqueos al aumento de gasto en Defensa.
Así, el Ejecutivo ha logrado encajar medidas que fueron rechazadas en el Congreso, como el decreto para reforzar el sistema eléctrico tras un apagón ocurrido el verano pasado.
