Un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA), incluido en el sumario del caso Forestalia, ha sacado a la luz un préstamo de 5,2 millones de euros que involucra a un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica. Este individuo, que estaba bajo la dirección de Teresa Ribera, supuestamente recibía contraprestaciones económicas de Forestalia a través de una estructura societaria compleja.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel está investigando este caso por presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en el cual están implicadas seis personas, entre ellas Eugenio Domínguez y un notario de la zona.
El informe de la UCOMA describe una «compleja estructura creada deliberadamente» que conecta las decisiones de quienes debían aprobar proyectos medioambientales y aquellos que se beneficiaban de dichas decisiones. A través de esta red, Eugenio Domínguez y su esposa, Montserrat Heredero, poseían participaciones en varias empresas relacionadas con Forestalia, utilizando estas conexiones para obtener comisiones a cambio de favorecer informes medioambientales positivos.
Mediante este entramado, Forestalia habría presentado proyectos masivos, divididos en numerosas licitaciones, para ocultar el verdadero impacto de sus parques de energías renovables, algo que la administración aceptó sin cuestionar. Un aspecto notable de la investigación es un préstamo de 5.200.000 euros recibido por una de las compañías de Forestalia, que se considera una contraprestación por las declaraciones favorables emitidas a favor de la empresa.
Este préstamo se enmarca dentro de un sistema más amplio donde Eugenio Domínguez y su esposa, junto con sus socios, habrían creado una red de empresas para facilitar la obtención de permisos necesarios para llevar a cabo parques de energías renovables. La investigación también apunta a que el notario mencionado y otros socios estaban involucrados en esta red, actuando como testaferros del matrimonio.
La UCOMA ha afirmado que esta estructura era esencial para llevar a cabo los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, evidenciando que las contraprestaciones se pagaron para asegurar la concesión de los permisos necesarios para la operación de los parques de energías renovables.
