El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se encuentra en una situación complicada debido a una nueva investigación judicial relacionada con la gestión de la dana, que resultó en la muerte de 230 personas. Aunque en este momento ha sido eximido de responsabilidades por un auto del TSJ que denegó su imputación, su entorno más cercano podría verse afectado.
La investigación, que se desarrolla en el juzgado de Catarroja, ha revelado una intensa lucha entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana por controlar la narrativa de los acontecimientos tras la tragedia. La imagen pública del Gobierno estaba en juego y el enfrentamiento político se intensificó en un contexto donde la sociedad seguía traumatizada y enfrentando los estragos de la catástrofe.
El 12 de febrero de 2024, se produjo una filtración a medios cercanos al Palau que contenía una conversación entre operadoras de Aemet y el 112, donde se cuestionaba la actuación de la agencia estatal durante la emergencia. Sin embargo, esta grabación fue manipulada y recortada, lo que ha llevado al juzgado de Instrucción 6 de Llíria a investigar el origen de esta filtración.
El caso se centra en la denuncia de la Fiscalía, que sostiene que las grabaciones del 112 solo deben ser utilizadas para fines de gestión de emergencias y no pueden ser extraídas sin una orden judicial. A medida que avanza la investigación, la jueza comienza a acumular pruebas que sugieren que la administración autonómica podría estar detrás de la difusión indebida de la información.
La denuncia ha señalado que las grabaciones son conservadas por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana, bajo la supervisión de la Conselleria de Interior. La jueza ha solicitado a la Guardia Civil que investigue quién tuvo acceso a la grabación y ha recibido información crucial de Jorge Suárez, subdirector de Emergencias. Este declaró que dos altos cargos de la Conselleria de Interior accedieron a la grabación y se llevaron una copia en un pendrive poco después de la tragedia.
Los implicados son el exsubsecretario Ricardo García y el exdirector general de Emergencias Alberto Martín Moratilla, quienes fueron cesados de sus cargos poco después de que surgieran estas revelaciones. La magistrada ha comenzado a interrogar a diversos testigos, incluyendo a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, y otros funcionarios que podrían arrojar luz sobre el caso.
En este contexto, Mazón también ha sido citado a declarar como testigo, aunque busca hacerlo bajo la figura de «preimputado», lo que le permitiría evitar preguntas complicadas. Aún queda por ver cuál será el próximo paso en esta investigación que podría complicar aún más su situación.
