Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), compareció hoy en el Congreso de los Diputados para defender la independencia del organismo que dirige, ante la próxima renovación de su mandato, que concluirá el 16 de junio. En lo que podría ser su última intervención anual ante las Cortes, Fernández lanzó un mensaje contundente para que los futuros nombramientos respeten la autonomía técnica y política de la CNMC.
Durante su intervención, la responsable del regulador advirtió sobre los riesgos que enfrenta la economía española debido a factores globales como las tensiones geopolíticas, la fragmentación del comercio mundial y la creciente incertidumbre internacional. En este contexto, destacó la importancia de contar con instituciones sólidas, técnicas y predecibles como la CNMC para garantizar el buen funcionamiento del mercado.
«La renovación de los cargos que finalizan mandato el próximo 16 de junio requiere de su aprobación», señaló Fernández, instando a los diputados a asegurar que la CNMC continúe ejerciendo sus funciones con rigor técnico y reputación tanto nacional como internacional.
Responsabilidades y sanciones tras el apagón eléctrico
La presidenta repasó además los hitos del último año y los retos pendientes. En referencia al apagón ocurrido hace un año en España, subrayó que fue un evento «multifactorial» originado por incumplimientos de varias empresas que no respetaron la normativa vigente. Fernández rechazó las críticas que reclaman una actualización urgente de los procedimientos del sistema eléctrico, insistiendo en que existían suficientes herramientas normativas y reguladoras para evitar la crisis si se hubieran cumplido.
El fallo en el sistema peninsular también evidenció vulnerabilidades en sectores conectados como las telecomunicaciones y el transporte ferroviario, algo que la CNMC considera necesario abordar para evitar futuras incidencias.
En cuanto a las consecuencias, Fernández informó de que se han abierto 20 expedientes sancionadores contra empresas como Redeia, Iberdrola, Endesa y Naturgy. La fase de instrucción ya está en marcha, donde las compañías afectadas podrán presentar alegaciones y proponer pruebas. Esta etapa será gestionada por la Dirección de Energía y, posteriormente, los expedientes podrán resolverse tanto por el consejo de la CNMC como por el Ministerio de Transición Ecológica, que también podrá imponer multas.
Con esta aclaración, Fernández resaltó que la potestad sancionadora no se limitará únicamente a la CNMC, sino que el Gobierno tendrá un papel activo en la resolución final de los casos relacionados con el apagón.
