La Audiencia Nacional ha iniciado diligencias para determinar si es competente para investigar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, junto a otros mandos militares, por la supuesta detención ilegal de un sargento español en Líbano.
El juez Antonio Piña ha solicitado al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre la competencia del tribunal para investigar estos hechos, que fueron denunciados por la organización Iustitia Europa. En un auto fechado este viernes, el magistrado señala que la denuncia presenta indicios suficientes de posibles delitos, entre ellos crímenes contra personas y bienes protegidos en conflictos armados, coacciones y detención ilegal.
Los hechos ocurrieron el 7 de abril cuando fuerzas israelíes interceptaron un convoy logístico de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) que transportaba alimentos y suministros destinados al contingente indonesio. Durante la acción, un sargento del Ejército español fue retenido por un breve periodo, menos de una hora, pero según la querella, fue extraído de su vehículo con violencia física extrema.
La denuncia describe el incidente como un acto hostil y agresivo, subrayando que el sargento fue sometido a un trato degradante prohibido por el Derecho Internacional, con la intención manifiesta de intimidar y desmoralizar a las fuerzas de paz que operan en la zona. Este episodio no es considerado un hecho aislado, sino parte de un contexto más amplio de riesgos estructurales para las tropas internacionales desplegadas en el área.
Tras el incidente, España manifestó su protesta enérgica tanto ante Naciones Unidas como ante el Gobierno de Israel, según confirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles. Finalmente, el militar español fue liberado sin daños mayores, pero el caso ha generado una respuesta judicial para esclarecer responsabilidades.
La investigación abarca también a otros mandos y miembros de las fuerzas israelíes aún no identificados, con el objetivo de establecer las circunstancias y posibles infracciones penales relacionadas con este suceso.
