La utilización de la fuerza militar de manera ilegal contra países con fines políticos y económicos es, sin duda, terrorismo. No pierde esta calificación por el hecho de que quien lo ordene esté en un cargo oficial, vista uniforme o pertenezca a una alianza militar como la OTAN. La violencia intencionada contra poblaciones inocentes, con el objetivo de ejercer influencia política, es un acto criminal. Sin embargo, la comunidad internacional observa con inquietante regularidad su continuidad, a menudo disfrazada bajo el término «operaciones militares», que oculta lo que son patrones de violencia sistemática con consecuencias devastadoras.
Los datos son elocuentes. En el enfrentamiento entre Israel y Gaza, las cifras oficiales de muertos y heridos incluyen una gran proporción de civiles: mujeres, niños, ancianos y profesionales de la salud que se encuentran atrapados en medio de intensas hostilidades. Registros de organizaciones internacionales y ONG documentan miles de víctimas civiles y testimonios detallados denuncian la destrucción de barrios enteros y la desprotección de la población ante ataques indiscriminados.
La situación en Ucrania es igualmente alarmante. Desde el inicio de la guerra por parte de Rusia, se han arrasado ciudades completas y se han registrado decenas de miles de muertes desde 2014, con picos dramáticos desde 2022. Millones de personas han sido desplazadas, muchas de ellas mujeres y niñas, forzadas a abandonar sus hogares y vidas por el avance de operaciones que no diferencian entre objetivos militares y áreas civiles densamente pobladas. Estas cifras no son meras estadísticas; son vidas, familias desgarradas y generaciones marcadas por la violencia.
A menudo, estas realidades no se asocian con el término que, por definición, debería aplicarse: «Terrorismo de Estado». Las repercusiones no se limitan a la tragedia humana. El impacto económico de los conflictos actuales es monumental y trasciende fronteras. Según estimaciones de institutos de análisis económico y de paz, el coste global de la violencia armada y los conflictos asciende a billones de euros anuales, lo que representa una parte significativa del PIB mundial.
Una parte de este gasto proviene de los enormes presupuestos militares, pero una proporción creciente se destina a la reconstrucción, atención a los desplazados y estabilización de regiones devastadas. Las economías locales, desde Gaza hasta Ucrania, enfrentan tasas extremas de desempleo y colapsos en sectores productivos clave. En Gaza, la destrucción de infraestructura esencial, industrias, hospitales y sistemas de agua y saneamiento deja a su economía al borde del colapso. En Ucrania, la reconstrucción postconflicto requerirá décadas de inversión.
No se puede separar estos costos humanos y económicos de las decisiones políticas que los generan. Ignorar que las potencias globales normalizan estas prácticas legitima una forma de violencia que debería ser rechazada con claridad moral y legal. Resulta sorprendente y profundamente preocupante que en pleno siglo XXI exista tolerancia, tanto social como diplomática, hacia prácticas que constituyen terrorismo de Estado.
La tolerancia política y social ante estos hechos no es simplemente indiferencia, es complicidad. Permite que la violencia sistemática continúe sin rendición de cuentas y socava los valores que, en teoría, deberían guiar la política internacional. No puede haber dobles estándares. Si definimos el terrorismo como el uso de violencia contra civiles con fines políticos, es necesario aplicar esa definición de manera coherente, sin importar la identidad del perpetrador o su lugar en el orden mundial.
La jerarquía de potencias no puede servir de escudo frente a la justicia moral. Negar esta realidad no protege la estabilidad global, sino que la erosiona. Es momento de que la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones internacionales exijan una revisión crítica de cómo se interpreta y aplica el término «Terrorismo». Defender la coherencia ética no es una postura ideológica, sino una exigencia de justicia para las víctimas y una necesidad para la paz sostenible. Porque el terrorismo no pierde su nombre por venir envuelto en banderas o alianzas. Cada día que miramos hacia otro lado, esa violencia deja de ser una excepción para convertirse en política aceptada.
Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.
