Estados Unidos ha intensificado su extracción de petróleo en el Golfo de México con la intención de superar los dos millones de barriles diarios, una meta que busca reforzar su independencia energética en un contexto internacional cada vez más inestable. Para ello, la administración de Donald Trump ha reactivado un mecanismo excepcional conocido como el «escuadrón de Dios».
Este comité, oficialmente llamado Comité de Especies en Peligro de Extinción, prácticamente no se había utilizado en las últimas décadas. Su función es otorgar autorizaciones para proyectos que podrían afectar gravemente la biodiversidad, siempre que no existan alternativas viables y que el beneficio económico o estratégico sea de gran importancia nacional.
La decisión de reactivar esta figura excepcional surge en un momento de alta volatilidad geopolítica y tras recientes derrames de residuos petroleros que han contaminado áreas costeras del Golfo, aumentando la preocupación ambiental. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue quien promovió esta medida amparándose en razones de seguridad nacional, vinculadas tanto al conflicto con Irán como al aumento del precio del crudo en los mercados internacionales.
El Golfo de México ya representa entre el 10% y el 15% de la producción petrolera estadounidense, y estas perforaciones adicionales buscan consolidar esta región como un pilar estratégico para el país. Sin embargo, la comunidad científica advierte sobre el impacto ambiental que esta expansión puede acarrear, especialmente para especies en peligro como la ballena de Rice, de la que apenas quedan unos cincuenta ejemplares.
Los expertos alertan que el incremento de la actividad industrial puede incrementar las colisiones con embarcaciones, la contaminación acústica submarina y la posibilidad de nuevos vertidos, factores que podrían acelerar la desaparición de esta especie. Además, otras especies protegidas, como tortugas marinas, esturiones y diversos cetáceos, también se verían afectadas por estas operaciones.
Ante esta situación, organizaciones ecologistas como Earthjustice y el Centro para la Diversidad Biológica ya están preparando acciones legales para tratar de frenar esta decisión, que podría reabrir el debate entre la necesidad de garantizar el suministro energético y la conservación ambiental.
