El empresario Víctor de Aldama relató este lunes ante el Tribunal Supremo un presunto sistema de financiación ilegal en el PSOE, basado en aportaciones en efectivo de constructoras a cambio de adjudicaciones públicas. Según su testimonio, su relación con José Luis Ábalos y Koldo García le llevó a actuar como intermediario para gestionar estos pagos bajo estrictas instrucciones de no dejar rastro documental.
De Aldama detalló que una de sus primeras misiones fue localizar empresas constructoras dispuestas a facilitar «donaciones para el partido» siempre en metálico. El empresario reconoció la ilegalidad de estas prácticas y afirmó: «Entiendo que estábamos haciendo algo ilegal», aunque admitió sentirse «no del todo incómodo» con su papel en la operación.
El comisionista explicó que los pagos se realizaban sin facturación oficial, con montos que podían alcanzar cifras importantes, transportados en mochilas de lujo o sobres, incluso entregados en la residencia oficial y en el despacho ministerial de Ábalos en el barrio madrileño de El Viso. Estos hechos se iniciaron tras un viaje oficial a México en febrero de 2019, momento en que su rol se intensificó y se convirtió en enlace habitual con las empresas vinculadas al Ministerio de Transportes.
Según Aldama, Koldo García le encargó facilitar el acceso de ciertas constructoras a contratos públicos, sin garantizar explícitamente la adjudicación, pero allanando el camino para que estas lograran licitaciones a cambio de pagos destinados a financiar al PSOE. Este esquema exigía mantener un perfil discreto para evitar que el foco recayera directamente en el ministro o su entorno.
El empresario aclaró que las empresas debían aportar las «donaciones» exclusivamente en efectivo, evitando cualquier canal oficial que pudiera dejar evidencia. Además, describió una estrategia para disimular los amaños en los concursos: no siempre se puntuaba al máximo a las constructoras favorecidas para no levantar sospechas, lo que generó malestar en el sector por la complejidad y costes de participar en estas licitaciones.
Ante las preguntas del fiscal jefe, Aldama justificó su designación para estas tareas por la necesidad de discreción y la capacidad para moverse con soltura entre altos cargos y consejos de administración. Su relato sitúa un entramado que vincula directamente la financiación irregular del PSOE con la adjudicación de contratos públicos gestionados desde el Ministerio de Transportes.
Este caso abre una nueva arista en la investigación sobre la financiación de los partidos políticos, con implicaciones directas para la cúpula del PSOE y su gestión de recursos públicos.
