El partido Sumar está ejerciendo presión sobre el Gobierno para que implemente un nuevo escudo social en respuesta a las repercusiones de la guerra en Irán. Esta situación recuerda a las medidas adoptadas en 2022, cuando se introdujo un decreto para afrontar la crisis inflacionaria provocada por la invasión de Ucrania.
Sumar, como socio minoritario de la coalición, aboga por la inclusión de propuestas que ya se habían aplicado en el contexto ucraniano, como el tope al gas, así como medidas antidesahucios que actualmente carecen de apoyo parlamentario. La semana pasada, Junts rechazó una iniciativa similar en el Congreso.
En un comunicado emitido el martes, Yolanda Díaz, portavoz de Sumar, enfatizó que es «obligación» del Gobierno proteger a las familias y trabajadores de las consecuencias del conflicto. La formación política recuerda que la implementación de un escudo social en 2022 fue efectiva, subrayando la necesidad de repetir este esfuerzo.
La vicepresidenta segunda, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, manifestó que el Gobierno está trabajando en la defensa del poder adquisitivo y en el mantenimiento de los puestos de trabajo, destacando la experiencia acumulada en situaciones previas. Propuso medidas económicas, entre las que se encuentra la activación de los ERTE para empresas afectadas y la regulación de los precios energéticos para prevenir aumentos injustificados.
Además, se ha planteado restablecer la excepción ibérica y crear un nuevo escudo social que contemple el bono energético y la prórroga de alquileres. Sin embargo, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, mostró reservas sobre la premura de estas medidas.
La petición de un nuevo paquete de medidas encuentra eco en los partidos de Sumar, pero genera escepticismo en el Gobierno, que enfatiza la necesidad de contar con mayorías suficientes para su aprobación. Desde el ala socialista, se indica que es esencial que todos los socios estén de acuerdo para avanzar.
El rechazo a la extensión de la moratoria de desahucios por parte de Junts se presenta como un obstáculo significativo. A pesar de ello, las autoridades buscan encontrar un consenso que permita la inclusión de medidas que alivien la carga inflacionaria derivada del conflicto y la reciente subida de combustibles.
Con el escudo social previamente derogado, ya han comenzado a registrarse solicitudes para reactivar los desahucios de familias vulnerables que habían estado suspendidos durante cinco años. Esta situación podría influir en la postura de Junts, especialmente a nivel local, donde sus representantes enfrentan la realidad de la crisis.
El contexto actual sugiere que la presión para incluir la suspensión de desahucios en un nuevo escudo social podría forzar a Junts a reconsiderar su postura, en especial si se incluyen otras medidas que mitiguen la inflación causada por el conflicto en Irán.
