Con la proximidad del primer aniversario del apagón eléctrico más relevante en España en dos décadas, el PSOE comienza a marcar distancia respecto a Redeia, la empresa encargada de la gestión del sistema eléctrico, aunque evita atribuirle una responsabilidad directa y concluyente. Esta evolución se refleja en el informe de conclusiones del grupo socialista en la Comisión de Investigación del Senado, al que ha tenido acceso este diario.
El documento, que ha pasado más desapercibido debido a que en la Cámara Alta prevaleció el informe alternativo del Partido Popular, muestra por primera vez una postura mucho más crítica frente a Redeia, sociedad en la que el Estado controla un 20% del capital y que integra a Red Eléctrica. El PSOE admite que hay «espacio para una crítica sobre la cultura de margen operativo o sobre la suficiencia de herramientas y supervisión interna de Redeia».
En un gesto poco habitual, el partido señala que es legítimo debatir si el equipo encabezado por Beatriz Corredor, exministra socialista y actual presidenta de Redeia, gestionó el sistema eléctrico el 28 de abril con «márgenes más débiles de lo deseable». Según el informe, se permitió que las renovables intermitentes dominaran la red durante las horas previas al apagón, mientras que la vigilancia sobre las centrales nucleares y de gas estaba en su punto más bajo del año.
El PSOE basa su crítica en testimonios de comparecientes que señalaron que tras el apagón se activó un «modo reforzado», lo que sugiere que antes se podría haber operado con mayor cautela. «Ese argumento merece ser considerado», sentencia el informe socialista, en abierto desacuerdo con la defensa que hizo Corredor en el Senado.
No obstante, el PSOE defiende la actuación del Gobierno durante el apagón, aunque no hace lo mismo con Redeia. Precisamente, el informe afirma que «no existe base técnica concluyente para convertir esa discusión en una responsabilidad política nítida y personalizable en Redeia». Así, quedan indicios contra el operador, pero sin pruebas definitivas.
Este cambio de tono es significativo, ya que meses antes el portavoz socialista José Antonio Valbuena apoyó a Corredor en su defensa contra las eléctricas privadas que no habrían cumplido con la normativa. En sus conclusiones, el PSOE reconoce la multifactorialidad del apagón y apunta a la necesidad de evolucionar el modelo de supervisión y operación del sistema eléctrico.
CNMC abre expediente contra Redeia por infracciones graves
El mismo día en que se redactó este documento, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) inició un expediente contra Redeia por «perjuicio al sistema» debido a infracciones muy graves de varios preceptos de la Ley del Sector Eléctrico. Entre ellos, se destaca la violación de la obligación de impartir las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema y la de proporcionar información suficiente a todos los gestores de las redes para garantizar su funcionamiento.
Este expediente, impulsado por la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto, bajo la presidencia de Cani Fernández, amenaza a Redeia con una sanción que podría alcanzar los 60 millones de euros. Más allá de la cuantía, la apertura de este proceso envía una señal clara sobre a quién podría exigirse responsabilidad y compensaciones por el apagón.
La CNMC también ha iniciado sanciones contra otras compañías eléctricas como Iberdrola, Endesa o Naturgy, e incluso contra la empresa pública Bahía de Bizkaia, controlada por el Gobierno vasco. Sin embargo, únicamente Redeia enfrenta una acusación de infracción muy grave, lo que contradice las afirmaciones de Corredor, quien en el Senado aseguró que no había ninguna causa atribuible al operador del sistema.
Para el PSOE, la CNMC «desautoriza» las conclusiones promovidas por el Partido Popular en el Senado, donde se señalaba la responsabilidad conjunta del Gobierno y de Redeia, entre otros actores. Desde la CNMC recuerdan que no tienen competencia para sancionar al Ejecutivo.
Doce meses después del apagón, nadie ha asumido responsabilidad por este incidente que fue el mayor y más bochornoso en la Unión Europea en las últimas dos décadas, aunque la tensión en las filas del poder comienza a hacerse patente.
Presión política en torno al caso y contexto energético
En paralelo, la Comisión de Investigación sobre la Sepi no descarta llamar nuevamente o emprender acciones legales contra Sergio Sánchez, director de Relaciones Institucionales de Movistar Plus, tras su negativa a responder preguntas sobre su relación con una consultora vinculada a Zapatero. Desde el Partido Popular critican su actitud y atribuyen la reticencia a la influencia de su superior en Telefónica.
En otro orden, las inversiones chinas en Europa, vinculadas a la política de Xi Jinping, también marcan la agenda económica española. Tras la reciente visita de Pedro Sánchez a China, algunos fabricantes automovilísticos chinos contemplan España como ubicación para nuevas plantas, lo que podría traer beneficios aunque Bruselas advierte sobre la naturaleza real de estas inversiones.
Por último, en el sector tecnológico, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, aseguró que gracias a una reestructuración interna se evitó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 1.300 empleados. Sin embargo, reconoció que la inteligencia artificial está impactando con fuerza en las consultoras, lo que podría presagiar cambios a medio plazo.
