El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha decidido retirar los Presupuestos de la comunidad autónoma con la intención de renegociarlos con Esquerra Republicana (ERC) y lograr su aprobación antes de julio. Esta decisión ha generado repercusiones en Andalucía que no han pasado desapercibidas.
Para que ERC dé su visto bueno a las cuentas catalanas, exige que se garantice que la Generalitat tendrá la competencia en la recaudación del IRPF. Existen razones técnicas y jurídicas que han llevado a que esta cuestión se mantenga en la agenda, pero también hay un trasfondo político significativo.
Si esta decisión se llevara a cabo en el presente, implicaría que la ministra de Hacienda y candidata socialista a las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, otorgaría un trato preferencial a Cataluña justo antes de dejar el Gobierno para enfrentarse en las urnas a Juanma Moreno. Desde una perspectiva de prudencia política, se recomendaría posponer esta decisión para no complicar aún más la campaña de una candidata que ya enfrenta limitaciones en sus expectativas.
Sin embargo, el fondo del asunto no cambia: el Gobierno se ve obligado a aceptar una exigencia de ERC que pone en entredicho la igualdad entre territorios, todo con el fin de mantener a Illa en la Generalitat y prolongar la frágil alianza en el Congreso. Esta situación se convertirá en un elemento central en la próxima campaña electoral, lo que obligará a Montero a presentar argumentos sólidos para contrarrestar la percepción de que se beneficia a Cataluña por motivos estrictamente partidistas.
Andalucía es un territorio especialmente sensible a cualquier situación que pueda interpretarse como un agravio comparativo respecto a las comunidades más ricas. Tanto el PP como el PSOE son plenamente conscientes de esto, por lo que los socialistas saben que este será uno de los temas que más enfatizarán sus oponentes. Esta es una dificultad más que la actual vicepresidenta primera deberá enfrentar en su intento de revertir la política andaluza.
