La juez de Catarroja que instruye el caso de la DANA ha sorprendido al solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que se lleve a cabo una investigación sobre el expresident Carlos Mazón. Esta solicitud se basa en un presunto delito de homicidio por imprudencia agravado, debido a lo que se considera una «grosera» negligencia en la gestión de la catástrofe que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, resultando en la muerte de 230 personas.
No fue inesperado que la magistrada solicitara la imputación de Mazón, ya que en ocasiones anteriores le había invitado a declarar de manera voluntaria, lo que indicaba que esta petición podría elevarse al tribunal competente, dado que Mazón es un aforado. Sin embargo, la sorpresa radica en que antes se había especulado sobre la posibilidad de que la juez pidiera una prórroga debido a los muchos testigos pendientes de declarar.
La juez ha actuado conforme a las normas procesales, que le exigen elevar su exposición al tribunal superior si considera que hay indicios suficientes para investigar a un aforado. De no hacerlo, Mazón podría quedar en indefensión, siendo parte de un proceso que avanza sin que él tenga la oportunidad de defenderse adecuadamente.
El Tribunal Superior ahora debe decidir si acepta la causa o la devuelve a la juez. Si acepta la petición, Mazón adquiriría la condición de investigado, lo que tendría consecuencias políticas inmediatas. Aunque los estatutos del Partido Popular no exigen la dimisión de un imputado, la situación política actual podría forzar esta decisión.
La opinión entre juristas es divergente. Algunos piensan que lo más probable es que el tribunal devuelva el caso a la magistrada, sugiriendo que los indicios presentados no son suficientes para justificar la imputación de un aforado. En tal caso, la juez podría seguir investigando pero tendría que esperar hasta que aparecieran nuevos hechos relevantes para volver a solicitar la imputación de Mazón.
Un aspecto central del caso son los mensajes de WhatsApp entre Mazón y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, quien, al no ser aforado, ha podido declarar ante la juez. Según Cuenca, esos mensajes fueron borrados, lo que plantea dudas sobre si Mazón también los eliminó y si se le puede interrogar al respecto. Solo el tribunal podría hacerle esta pregunta, lo que refuerza la necesidad de su imputación.
Mazón ha enfrentado un alto costo político debido a su gestión de la DANA y ha acumulado un elevado coste personal. Sin embargo, la responsabilidad penal también debe ser aclarada. Con tantas contradicciones y mentiras que han surgido desde entonces, es difícil que se considere aceptable cerrar el caso sin interrogar a Mazón sobre su actuación durante esa jornada crítica.
La juez ha indicado que el sistema de emergencias falló desde el momento en que Mazón se encontraba en un restaurante, prolongando su comida mientras se temía por vidas humanas. A pesar de haber declarado que la noche sería «larga», pidió a su chofer que lo llevara a casa en un momento en que la situación era crítica. Es fundamental que Mazón responda por las numerosas preguntas que él mismo ha suscitado.
Permitir que la tragedia finalice sin que Mazón sea interrogado sería una ofensa a la memoria de las víctimas, haciendo que parezca que la justicia no se ha hecho. Mazón no puede seguir siendo un actor pasivo en este drama sin rendir cuentas.
