La Generalitat Valenciana ha decidido reducir la plantilla del juzgado de Catarroja, que investiga la dana de 2024, al retirar a cuatro funcionarias a partir del próximo 30 de junio. Esta información ha sido confirmada por fuentes judiciales y adelantada por elDiario.es.
El Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca sostiene que esta medida busca «agilizar» la justicia. Sin embargo, voces cercanas a la investigación indican que la verdadera intención es «retrasar la instrucción» y complicar el trabajo de la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra.
Una portavoz de la Consejería de Justicia ha argumentado que la reducción de personal se enmarca en un plan para hacer la Administración de Justicia más moderna y eficiente, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Esta decisión también se justifica como parte de una reivindicación histórica de los sindicatos para disminuir la temporalidad y mejorar las condiciones laborales del personal.
Las funcionarias que dejarán sus puestos son clave en la gestión y tramitación del caso, lo que dejará a la jueza Ruiz Tobarra con un único auxilio judicial. Este auxilio fue aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en consideración a la complejidad de la causa, que abarca decenas de tomos y más de 500 testigos.
La investigación de la dana no es un proceso cualquiera. En febrero, la magistrada solicitó la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien, debido a su condición de diputado, solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia. No obstante, este tribunal rechazó incluirlo en las pesquisas y instó a continuar con la investigación.
