A veces, una frase precisa puede revivir viejos conflictos. Las declaraciones del Rey sobre los abusos ocurridos durante la conquista han provocado una intensa controversia política que refleja más nuestra manera contemporánea de gestionar la memoria que el propio episodio histórico.
Felipe VI no solicitó perdón, sino que se limitó a reconocer una realidad histórica. Sin embargo, en una época marcada por un presentismo moral, hasta el sentido común puede ser interpretado como una postura política. Desde hace tiempo, la Historia ha dejado de ser un campo de conocimiento y se ha convertido en una herramienta de confrontación. Gobiernos y partidos la utilizan como si fuera un tribunal dispuesto a emitir juicios retroactivos.
El pasado se ha transformado en una fuente de agravios, un arsenal de argumentos emocionales para reforzar posiciones actuales. La conquista, como muchos otros eventos, fue violenta y desigual, pero también trajo consigo transformaciones culturales y políticas que moldearon durante siglos la evolución de las sociedades americanas. Reducir este complejo episodio a una simple consigna, ya sea de exaltación o condena, equivale a sustituir la Historia por un relato simplista.
Los historiadores tienden a operar en un terreno sutil; la política, por su parte, busca simplificaciones efectivas y culpables claros. Lo que realmente importa en este debate no es la discusión académica, sino la insistencia en exigir arrepentimientos institucionales cinco siglos después. Como acertadamente señaló Javier Marías, el arrepentimiento es un sentimiento personal e intransferible. Pedir perdón en nombre de otros puede tener un valor simbólico, pero difícilmente representa una reparación real. En el mejor de los casos, es una mera escenificación.
Este fenómeno, lejos de desvanecerse, se intensifica. Los Estados compiten por mostrar gestos de remordimiento retrospectivo, mientras que las sociedades encuentran en esta liturgia una forma conveniente de calmar su conciencia. Estos actos proporcionan satisfacción moral inmediata sin alterar los hechos del pasado ni mejorar las condiciones del presente. Las palabras del Rey se sitúan en esta zona ambigua: no constituyen una rectificación histórica ni una reivindicación del pasado, sino un movimiento diplomático destinado a suavizar tensiones.
España necesita reconstruir su relación con la nación más grande del mundo hispánico; México, por su parte, busca reforzar su protagonismo en la región. No es casual que, en el marco de esta controversia, la presidenta mexicana haya invitado al Rey a asistir al partido inaugural del próximo Mundial de fútbol. En este tablero de gestos y símbolos, la memoria actúa como moneda política, y los eventos deportivos se convierten en escenarios donde el relato tiene tanta importancia como la realidad.
Este desvío del debate hacia la memoria no es inocente. Permite simplificar problemas complejos en relatos morales, dividir a la sociedad en culpables y víctimas, y transformar la política en una secuencia de gestos simbólicos. La discusión pública se inunda de declaraciones solemnes y exigencias de reparación que poco impactan en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero crean la ilusión de que se están tomando medidas.
El verdadero desafío surge cuando la Historia deja de ser estudiada y se convierte en un recurso de confrontación. Así, los hechos históricos se transforman en consignas que movilizan y la memoria colectiva se convierte en una herramienta de legitimación. En realidad, lo que se debate no es tanto la conquista, sino la incapacidad de parte de la clase política para abordar problemas reales sin recurrir a conflictos simbólicos. El pasado ofrece un campo de batalla cómodo: no requiere soluciones, solo declaraciones.
El indigenismo retórico y la nostalgia imperial comparten esta ventaja. Ambos desvían el debate hacia escenarios emocionales, donde nadie se ve obligado a rendir cuentas por la inflación, la inseguridad o el deterioro institucional. Esta tendencia no se limita al debate sobre la conquista, se repite cada vez que la política opta por la liturgia en lugar de la gestión efectiva.
La memoria selectiva permite construir identidades y movilizar agravios, pero también paraliza la acción pública y convierte el presente en una extensión del pasado. Aunque la memoria puede ayudar a comprender el presente, cuando se convierte en una coartada política, acaba por sustituir a la acción real. Esta inclinación a discutir el pasado cada vez que el presente se complica tiene una clara ventaja: permite ocupar el espacio público con declaraciones solemnes sin enfrentar decisiones incómodas. El presentismo reactivo cumple esa función: se habla mucho de lo que ocurrió hace siglos y poco de lo que sucede hoy. Así, la política se distrae y el futuro permanece en espera.
