La Comisión Europea ha emitido un dictamen en el que solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que no admita a trámite la petición presentada por la Audiencia de Sevilla. Esta petición buscaba que el TJUE se pronunciara sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que amparó a altos cargos condenados en el conocido caso de los ERE.
El dictamen europeo no se adentra en la valoración jurídica de los argumentos expuestos por la Audiencia ni cuestiona la resolución del Constitucional. En cambio, subraya que la máxima instancia judicial europea no puede transformarse en una instancia de «supercasación» a la que se recurra una vez agotadas las vías nacionales.
El caso de los ERE tiene una especial sensibilidad en Andalucía debido a sus consecuencias políticas y sociales, aún presentes en la esfera pública. Precisamente por ello, se considera que prolongar indefinidamente el proceso judicial no sería beneficioso. El Tribunal Supremo ya emitió un fallo claro respecto a los hechos juzgados y el Constitucional cumplió con su papel de garante de derechos.
Si finalmente el TJUE acepta los criterios propuestos por los técnicos de la Comisión, se establecerá un precedente que ayudará a delimitar con claridad las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales y europeos. En los últimos años, se ha observado una tendencia creciente en casos mediáticos a extender los procesos judiciales hasta las instancias europeas, a menudo como estrategia para mantener abiertos los asuntos.
En este caso, sin embargo, no se cuestiona la competencia de la Audiencia de Sevilla para plantear la cuestión prejudicial, sino que se reclama una definición precisa sobre los límites de actuación de los tribunales. Este dictamen, por tanto, apunta a clarificar el marco procesal y evitar que la justicia europea se convierta en un recurso para prolongar indefinidamente litigios ya resueltos en España.
