La amnistía en Venezuela se desarrolla de forma lenta, causando preocupación en los familiares de los presos políticos que intentan solicitar su aplicación. Esta medida no se ha implementado de manera inmediata, sino que está siendo evaluada a través de un proceso institucional coordinado por la Fiscalía, defensores públicos y jueces, con un plazo que no debe exceder los 15 días.
Según la Fiscalía, aproximadamente 3.000 personas han sido beneficiadas hasta el momento. Sin embargo, el Parlamento ha informado que más de 2.000 personas bajo medidas cautelares han logrado obtener libertad plena y que al menos 177 han sido excarceladas. Organizaciones no gubernamentales (ONG) y partidos políticos han confirmado la liberación de al menos 109 presos políticos, aunque no han proporcionado detalles sobre aquellos con libertades restringidas.
La medida fue impulsada por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en lo que ella ha denominado un «nuevo momento político», justo después de que Estados Unidos ejerciera presión para la liberación de detenidos tras la captura de Nicolás Maduro. El artículo 7 de la ley establece que los detenidos interesados en ser amnistiados deben presentar una solicitud ante los tribunales. Hasta ahora, la Fiscalía y los defensores públicos han sido responsables de realizar estas peticiones.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, señaló que, aunque la ley establece que la amnistía debería ser declarada de oficio, el proceso no es tan automático como se esperaba. Hasta el momento, se han registrado más de 3.000 solicitudes, mientras que se estima que hay más de 11.000 personas bajo medidas cautelares.
La ley aprobada abarca el período comprendido entre 1999 y 2026, es decir, 27 años de gobiernos chavistas, aunque especifica 13 episodios que excluyen el resto del periodo y los casos relacionados con operaciones militares. Desde Foro Penal, se informa que actualmente hay más de 600 presos políticos en Venezuela, de los cuales más de 180 son militares.
Además, la ley excluye delitos graves como violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y homicidio intencional, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, que consideran que hay un «exceso injustificable de exclusiones».
A pesar de las limitaciones, la ley permite la creación de una comisión especial para supervisar el cumplimiento de la amnistía, la cual puede evaluar solicitudes de casos no especificados y contar con el apoyo de expertos. Sin embargo, la imparcialidad de esta comisión, compuesta por 12 diputados chavistas, entre ellos el hijo de Maduro, y nueve opositores, ha sido cuestionada.
Mientras tanto, numerosas personas acuden al Palacio de Justicia en Caracas en busca de asesoría para gestionar la aplicación de la ley en favor de sus familiares. Sin embargo, se han encontrado con tribunales fuera de servicio o desbordados, según denuncias del Sindicato de Prensa venezolano.
Aunque Himiob advirtió que es prematuro evaluar cómo se procesarán las solicitudes, también enfatizó que «ningún tribunal puede negarse» a recibir peticiones, dado que se trata de un asunto de orden público.
