Una joven dirigió su protesta desde el público del Congreso de los Diputados a los diputados del PP, Vox y Junts por votar en contra de prorrogar el decreto que extendía hasta dos años los contratos de alquiler y limitaba la actualización a un 2%. Esta escena refleja el enorme problema que enfrentan muchos jóvenes con buena formación y empleo, pero sin posibilidad de acceder a una vivienda debido a los altos precios del mercado inmobiliario.
Más allá del trasfondo ideológico que motivó el rechazo del PP, Vox y Junts, junto a la abstención del PNV, la imagen evidencia la dificultad estructural que supone para los jóvenes el acceso a una vivienda digna. Esta problemática surge de la falta de previsión y la miopía política que han ignorado durante años una cuestión que debería ser tan prioritaria como la educación o la sanidad dentro del estado de bienestar.
La concepción de la vivienda como un activo financiero ha agravado esta situación, obviando que el Parlamento Vasco reconoció en 2015 el derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna para quienes no disponen de recursos adecuados. La escasez de oferta se explica por la reducción de la construcción de nuevas viviendas, consecuencia de la obligación a los promotores de destinar un alto porcentaje a vivienda social, lo que hace inviable la rentabilidad de los proyectos. Además, la burocracia prolonga los procesos administrativos, encareciendo los costes y desincentivando la inversión.
No se ha tenido en cuenta el cambio social que exigen las nuevas generaciones, que demandan viviendas más pequeñas y adaptadas a nuevas formas de vida. Según datos recientes del Observatorio Vasco de la Vivienda, el 72,37% de quienes solicitan vivienda pública en Etxebide viven solos, siendo mayoritariamente mujeres. Este fenómeno refleja la reducción drástica en el tamaño de los hogares y el auge de las unidades unipersonales.
Además, la clase media vasca, incapaz de afrontar los altos precios del mercado, recurre cada vez más a la vivienda social como última opción. Sin embargo, muchos quedan fuera por superar los mínimos de ingresos para acceder a estas ayudas, quedando en un limbo sin alternativas claras. Se espera que próximamente se modifique el decreto de Etxebide para facilitar el acceso a estas ayudas a las clases medias mediante criterios de discriminación positiva, una medida inédita hasta ahora.
La consecuencia directa de esta crisis es que casi la mitad de los jóvenes entre 26 y 34 años permanecen en el hogar familiar, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que frena su emancipación. La ayuda económica o la donación de vivienda por parte de familiares ha sido clave para que algunos jóvenes puedan independizarse, lo que se refleja en un aumento notable de estas operaciones en los últimos años.
Esta realidad está generando un choque generacional entre padres que pudieron acceder a una vivienda con esfuerzo y salarios razonables, y sus hijos, que enfrentan enormes dificultades para emanciparse y con un futuro incierto en materia de pensiones. La desigualdad generacional se agrava con las políticas que reducen el papel del Estado y fomentan el individualismo, un camino que puede desembocar en un ultraliberalismo populista.
Es imprescindible abordar con urgencia esta problemática, no solo por razones políticas, sino también económicas, para asegurar el crecimiento y la sostenibilidad del estado de bienestar. Urge un nuevo pacto social que sitúe el acceso a la vivienda como prioridad fundamental para garantizar el futuro político y económico del país.
