El Gobierno griego ha decidido prohibir el acceso a redes sociales para cualquier persona menor de 15 años, y la medida entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Esta decisión fue anunciada por Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, quien justificó la prohibición debido al aumento de problemas como la ansiedad y los trastornos del sueño, así como al carácter adictivo de muchas aplicaciones sociales.
Grecia se posiciona así como uno de los primeros países europeos en tomar una medida contundente en este ámbito, siguiendo el ejemplo de Australia, que implementó una ley en diciembre de 2024 para restringir el uso de redes sociales a menores de 16 años.
Aunque la decisión ha sido comunicada oficialmente, aún debe ser ratificada por el Parlamento griego, un proceso que se espera que ocurra a mediados de 2026. Si se aprueba, las plataformas sociales estarán obligadas a restringir el acceso a los menores de 15 años y enfrentarán sanciones que pueden llegar a ser significativas, de acuerdo a la legislación europea.
El Gobierno griego no ve esta acción como un esfuerzo aislado, sino como parte de una presión hacia Bruselas para establecer una normativa común en toda la Unión Europea. Mitsotakis ha solicitado a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que se implemente un sistema de «mayoría de edad digital» a los 15 años, que incluiría un sistema de verificación de edad con controles periódicos.
La lógica detrás de esta iniciativa es clara: si cada nación establece sus propias regulaciones, las grandes plataformas encontrarán maneras de eludirlas. En cambio, con una norma uniforme a nivel europeo, la supervisión y el cumplimiento serían más factibles.
La reciente medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Ejecutivo griego respecto al uso de la tecnología por parte de los menores. Grecia ya ha impuesto restricciones al uso de teléfonos móviles en las escuelas y ha promovido herramientas de control parental para limitar el tiempo de pantalla.
Además, un sondeo realizado por la firma de encuestas ALCO en febrero reveló un alto respaldo social a la prohibición, con aproximadamente el 80% de los encuestados a favor de la misma. Esto proporciona al Gobierno un respaldo político significativo para avanzar en esta dirección.
